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A un año de gobierno, los aciertos y las fallas de la 4T de AMLO

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Tras su triunfo electoral en julio del 2018 y a un año de haber asumido el poder, el gobierno de AMLO ha tenido avances en diversas áreas. Sin embargo, en rubros como reducción de la violencia y crecimiento económico López Obrador pide «un año más» para dar resultados.

A un año de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha implementado cambios drásticos en la administración pública federal y ha dejado su impronta en el gobierno mexicano.

López Obrador asumió el poder el 1 de diciembre de 2018 con la promesa de “acabar con la corrupción” de la vida pública de México y llevar a cabo una transformación en el país.

Aunque el gobierno de López Obrador ha reportado logros, como sentar las bases legales para castigar la corrupción en el gobierno, el combate al robo de combustibles, y la persecución de delitos cometidos en la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto, también ha reconocido fallas.

Entre los desaciertos asumidos por AMLO en estos 12 meses de gestión están la incapacidad de su administración para reducir la violencia y no lograr un crecimiento económico anual de entre 2 y 4 por ciento que ofreció en campaña, por lo que ha pedido “un año más” para dar los resultados prometidos.

En medio de la crisis de violencia, que ya suma más de 28 mil muertes violentas de enero a octubre, el presidente enfrentó en el primer semestre del año una de las mayores olas migratorias de los últimos años, lo que a mediados del 2019 derivó en tensiones diplomáticas con el gobierno norteamericano de Trump.

Las tensiones fueron avivadas por la amenaza a finales de mayo por parte de Trump de imponer aranceles de forma escalonada de hasta 25 por ciento, si el gobierno mexicano no frenaba la llegada de migrantes centroamericanos a territorio estadounidense.

Luego de un acuerdo entre México y Estados Unidos para contener la migración, Trump canceló su amenaza, tras el despliegue de miles de policías de la Guardia Nacional a las fronteras del norte y sur para detener a migrantes.

Cinco meses después de asumir el poder, en abril Andrés Manuel López Obrador ofreció reducir los índices delictivos en seis meses.

El ofrecimiento lo hizo luego de que su administración tuvo uno de los arranques más violentos en la historia de México y tras una masacre el 20 de abril en la que 14 personas fueron asesinadas en el municipio de Minatitlán, en Veracruz.

“Cuando tengamos presencia suficiente de la Guardia Nacional en todo el país, entonces vamos a garantizar la seguridad pública, en 6 meses bajará la inseguridad”, dijo López Obrador en una rueda de prensa el 22 de abril.

Cumplido el plazo de seis meses, y con 28 mil 741 homicidios de enero a octubre, un incremento de 2.14 por ciento comparado con el mismo periodo del 2018, López Obrador pidió el 1 de noviembre un año más para reducir la criminalidad en el país.

Las declaraciones de López Obrador se dieron tras el operativo fallido federal de detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, el 17 de Octubre en Culiacán, Sinaloa.

Tres días más tarde de su petición de “un año más”, nueve integrantes de las familias mormonas LeBarón y Langford de Chihuahua, seis menores de edad y tres mujeres, fueron asesinadas por un grupo armado en Bavispe, Sonora.

El incidente derivó en tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por tratarse de ciudadanos norteamericanos.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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