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Chihuahua

Logran amparo a favor de Clara Armendáriz, abuelo podrá tener contacto con la bebé

El equipo de abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que lleva la defensa de Clara Armendáriz Gutiérrez, logró un amparo a favor de la bebé Antonia. José Juan Múzquiz Gómez, Juez Décimo de Distrito en el Estado, resolvió ayer que, atendiendo el interés superior de la menor, el DIF debe permitir la convivencia de la niña con su abuelo Raúl Armendáriz Sigala

El equipo de abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que lleva la defensa de Clara Armendáriz Gutiérrez, logró un amparo a favor de la bebé Antonia. José Juan Múzquiz Gómez, Juez Décimo de Distrito en el Estado, resolvió ayer que, atendiendo el interés superior de la menor, el DIF debe permitir la convivencia de la niña con su abuelo Raúl Armendáriz Sigala.

“Tomando en consideración que la sociedad está interesada en que se cuide el interés superior del niño, ello en atención a la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde toda determinación debe salvaguardar dicho interés. En efecto, el derecho de un niño a la convivencia con su familia como en el caso particular de su abuelo materno, por regla general, tiende a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, que por causas ajenas a él, se ve privado de ellas, es decir, la convivencia con su familia se encuentra justificada en términos generales al derecho que tienen los menores de crecer en un entorno de afecto junto a su familia y asegurar su goce efectivo, así como también la finalidad de una convivencia es vincularse afectivamente con su familia a fin de que pueda relacionarse con seguridad en el mundo que lo rodea, salvo que dicha convivencia represente un peligro para el menor, que en el caso específico NO SE ADVIERTE , por lo tanto lo procedente es conceder la SUPENSIÓN PROVISIONAL que solicita”, indica de manera textual la resolución deljuez de Distrito.

Las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres solicitaron el amparo de la justicia federal en contra del dictamen que emitió la jueza Quinta Familiar, quien ordenó a Raúl Armendáriz Sigala, abuelo de la bebé Antonia, “abstenerse de acudir  al domicilio en el que actualmente se encuentra la menor”, apercibiéndole  que de no hacerlo se procedería en su contra.

La jueza familiar emitió esa resolución a petición de la Procuraduría de Asistencia Social y Jurídica, instancia del DIF estatal. Como se sabe, la menor permanece aislada de su familia y recluida en el DIF.

Las abogadas de Clara se han convertido en las principales defensoras de los derechos de la niña, por lo que buscaron el amparo de la justicia federal, quien dio la razón a las defensoras de derechos humanos, que asumieron la defensa de la bebé.

Esta importante resolución jurídica da sustento a la  campaña nacional e internacional denominada: “Entreguen a la bebé de Clara a su familia» que inició ayer la familia y que ha sido acompañada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

El lunes 13 de mayo a las 10:00 horas, las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres acudirán con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, a fin de que provea lo necesario para que se cumpla sin dilación la resolución de amparo y de inmediato se proceda a respetar los derechos de la niña, permitiendo la convivencia del  abuelo con su nieta.

Redacciòn: Corina Muruato

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Chihuahua

Empresarios advierten retroceso institucional por reformas que eliminan el Coneval y restringen retiros de Afores

Chihuahua, Chih.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua manifestó su profunda preocupación ante la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de dos reformas que —a juicio del sector empresarial— representan un retroceso en la gobernanza pública y una afectación directa a millones de ciudadanos.

Jorge Treviño, presidente del organismo empresarial en el estado, cuestionó que dichas reformas —la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la modificación al artículo 191 que impone nuevos candados al retiro por desempleo en las Afores— fueron aprobadas de forma acelerada, sin el debate suficiente y en medio de un contexto nacional e internacional de distracción política.

“La desaparición del Coneval implica un retroceso alarmante en la evaluación técnica y objetiva de las políticas sociales. Se elimina una de las pocas instituciones autónomas con prestigio internacional, sin ofrecer una alternativa con igual independencia ni claridad legal sobre la transición”, señala el comunicado difundido por Coparmex.

El Coneval, añade el documento, era una herramienta indispensable para medir la pobreza con criterios técnicos verificables. Su eliminación, sin preservar su estructura ni su autonomía, desmantela la capacidad del Estado mexicano para tomar decisiones con base en evidencia y no en discursos.

Respecto a la reforma al sistema de pensiones, Coparmex advierte que las nuevas restricciones al retiro por desempleo en las Afores —aunque pretenden frenar abusos— terminarán castigando a quienes más necesitan el recurso: trabajadores jóvenes, informales o con trayectorias laborales intermitentes.

“México carece de un seguro de desempleo formal. Para millones de trabajadores, el ahorro pensionario es el único respaldo ante la pérdida de ingresos. Restringirlo sin construir alternativas agrava la vulnerabilidad de los sectores más frágiles”, advirtió la organización.

Ante este escenario, Coparmex Chihuahua exigió tres medidas urgentes:

Que se garantice la autonomía técnica y operativa del organismo que asuma las funciones del Coneval, con presupuesto suficiente y un marco legal robusto.

Que se diseñe e implemente un seguro de desempleo sólido, sin seguir debilitando el fondo de retiro de los trabajadores.

Que el Congreso legisle con transparencia, evidencia y participación, evitando periodos legislativos extraordinarios que faciliten reformas sin diálogo.

“México no puede permitirse reformas improvisadas que responden más a intereses políticos que a soluciones estructurales. Sin evidencia, sin transparencia y sin instituciones sólidas, no hay desarrollo sostenible ni certidumbre para la ciudadanía”, concluye el posicionamiento empresarial.

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