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Abogado alista pruebas para acreditar patrimonio de Rafa Márquez

José Luis Nassar Daw, abogado de Rafael Márquez, explicó que se encuentra recabando toda la información posible para comprobar que el patrimonio de su cliente es totalmente legal después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al capitán de la Selección Mexicana con operaciones financieras ilegales.
“Rafael Márquez nos ha instruido que seamos muy exhaustivos en la información que vamos a proporcionar para de una buena vez acreditemos todo el origen y destino de su patrimonio para acabar con este trámite administrativo con el Departamento del Tesoro”, dijo Nassar en entrevista con el noticiario Despierta.
El abogado de Márquez aclaró que se trata de un trámite meramente administrativo tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las de México y que de ninguna manera espera una acusación penal en contra de su cliente.
“Rafa, en su comparecencia, ofreció entregar en cuanto se tuvieran todos los documentos necesarios que le fueron requeridos, que implica la contabilidad de todas las empresas mencionadas, eso es depósito por depósito, salida por salida, que nos permite acreditar que no hay ningún vínculo con alguna organización de ninguna especie”.
Le preguntaron a Nassar si Rafael Márquez sostiene una amistad o algún tipo de sociedad con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, a lo que respondió:
“No se conocen directamente, Rafa conoce al hijo del señor Flores, como un hombre más, como un habitante más, como un hombre de negocios más en Guadalajara. El hijo es una persona que se conducía normal, sin excesos, sin escoltas, sin armas ni ostentaciones”, explicó.
Lo que sí reconoció Nassar es que pueda haber existido un abuso de confianza por parte de la gente que administró las empresas de Márquez mientras este jugó en el extranjero.
“Ese es un gran análisis, porque hay que considerar que Rafael Márquez que la mayoría de su tiempo ha estado jugando para clubes extranjeros y ha tenido que encomendar su administración a terceras personas, estamos viendo el comportamiento de esas personas, entre ellas Mauricio Heredia, exdirector de la Fundación”.
En cuanto a la posibilidad de que el zaguero no pueda cumplir su sueño de disputar un quinto Mundial, el abogado señaló que “estamos haciendo todo lo posible para hacer lo más rápido que se pueda la aclaración tanto con las autoridades norteamericanas como mexicanas, sabemos que es un objetivo importante para Rafa, pero tenemos que priorizar la cantidad de información.

Fuente: Mediotiempo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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