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Duarte

Abogados de César Duarte se integran a la defensa de Maru Campos

Dos abogados de César Duarte en Chihuahua, que han defendido a cómplices de los desvíos millonarios del exgobernador se integraron al equipo legal de María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, en el caso donde es acusada de haber cobrado sobornos a contratistas siendo alcaldesa de la capital del estado.

Se trata de los litigantes Francisco Martínez Valles e Iván Corral, que han sido abogados de Antonio Tarín y Gerardo Villegas, dos exfuncionarios de Duarte vinculados a proceso por su participación en la “Operación Zafiro”, mediante la que fueron desviados 250 millones de pesos para financiar campañas del PRI.

Gerardo Villlegas era director de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, mientras que Tarín fungía como presidente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. En 2017, siendo diputado federal, este último se atrincheró en San Lázaro para evitar ser aprehendido.

Francisco Molina Ruiz, quien encabeza el equipo legal de la candidata panista, conocida como Maru Campos, confirmó a este medio que los abogados Martínez Valles y Corral participan en la defensa a petición expresa de su clienta.

Este viernes se pospuso de nueva cuenta la audiencia inicial de la causa penal 3022/2020, en la que Campos Galván es señalada de cohecho y uso indebido de atribuciones. La Fiscalía acusa que, como alcaldesa de Chihuahua, la panista habría cobrado a empresas contratistas pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018. Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales.

Maru Campos ya fue vinculada a proceso por otro caso conocido como la “nómina secreta”, en el que la candidata del PAN a la gubernatura es acusada de haber recibido sobornos por 9 millones de pesos de parte del exgobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como alcaldesa.

El abogado Molina Ruiz defendió la incorporación de los abogados que han defendido a los excolaboradores de Duarte con el argumento de que están ejerciendo su profesión. Además, apuntó, el caso en el que trabajan ahora -los presuntos “moches” cobrados por Campos Galván como alcaldesa- no está relacionado con el de la “nómina secreta” del exgobernador.

“Lo que pasa es que aquí, en Chihuahua, hay pocos abogados y la gran mayoría se han dedicado a todo; hay abogados que, como uno, en el ejercicio de la profesión, tienen que atender al cliente independientemente de cuál sea la causa, no hay aquí una limitación de orden profesional más allá que la defensa intrínseca de los derechos que a cada quién le corresponden.

“Yo conozco a muchos abogados que llevan asuntos de todos tipos, incluyendo estos relacionados, yo creo que no tiene por qué demeritar el ejercicio profesional de nadie, y menos aquí, en un asunto que ni siquiera está relacionado con ese tema (los pagos de Duarte)”, sostuvo en entrevista.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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