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Abogados de César Duarte se integran a la defensa de Maru Campos

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Dos abogados de César Duarte en Chihuahua, que han defendido a cómplices de los desvíos millonarios del exgobernador se integraron al equipo legal de María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, en el caso donde es acusada de haber cobrado sobornos a contratistas siendo alcaldesa de la capital del estado.

Se trata de los litigantes Francisco Martínez Valles e Iván Corral, que han sido abogados de Antonio Tarín y Gerardo Villegas, dos exfuncionarios de Duarte vinculados a proceso por su participación en la “Operación Zafiro”, mediante la que fueron desviados 250 millones de pesos para financiar campañas del PRI.

Gerardo Villlegas era director de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, mientras que Tarín fungía como presidente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. En 2017, siendo diputado federal, este último se atrincheró en San Lázaro para evitar ser aprehendido.

Francisco Molina Ruiz, quien encabeza el equipo legal de la candidata panista, conocida como Maru Campos, confirmó a este medio que los abogados Martínez Valles y Corral participan en la defensa a petición expresa de su clienta.

Este viernes se pospuso de nueva cuenta la audiencia inicial de la causa penal 3022/2020, en la que Campos Galván es señalada de cohecho y uso indebido de atribuciones. La Fiscalía acusa que, como alcaldesa de Chihuahua, la panista habría cobrado a empresas contratistas pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018. Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales.

Maru Campos ya fue vinculada a proceso por otro caso conocido como la “nómina secreta”, en el que la candidata del PAN a la gubernatura es acusada de haber recibido sobornos por 9 millones de pesos de parte del exgobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como alcaldesa.

El abogado Molina Ruiz defendió la incorporación de los abogados que han defendido a los excolaboradores de Duarte con el argumento de que están ejerciendo su profesión. Además, apuntó, el caso en el que trabajan ahora -los presuntos “moches” cobrados por Campos Galván como alcaldesa- no está relacionado con el de la “nómina secreta” del exgobernador.

“Lo que pasa es que aquí, en Chihuahua, hay pocos abogados y la gran mayoría se han dedicado a todo; hay abogados que, como uno, en el ejercicio de la profesión, tienen que atender al cliente independientemente de cuál sea la causa, no hay aquí una limitación de orden profesional más allá que la defensa intrínseca de los derechos que a cada quién le corresponden.

“Yo conozco a muchos abogados que llevan asuntos de todos tipos, incluyendo estos relacionados, yo creo que no tiene por qué demeritar el ejercicio profesional de nadie, y menos aquí, en un asunto que ni siquiera está relacionado con ese tema (los pagos de Duarte)”, sostuvo en entrevista.

Acontecer

Así fue la reacción de Javier Corral tras la captura del exgobernador César Duarte

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Javier Corral aseguró que las carpetas de investigación que dieron paso a la nueva detención de César Duarte se integraron durante su administración al frente del Gobierno de Chihuahua y fueron entregadas a la entonces Fiscalía General de la República. El exgobernador fue detenido este lunes, acusado por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En entrevista, Corral explicó que, tras la liberación de Duarte el 6 de junio de 2024, el Gobierno Federal solicitó a Estados Unidos la ampliación del proceso para su recaptura. Señaló que durante su gestión entregó diversas carpetas relacionadas con presuntos delitos cometidos por Duarte, lo que, según dijo, permitió la continuidad de las investigaciones y derivó en la orden judicial.

De acuerdo con información difundida por la FGR, la orden de aprehensión se tramitó el 4 de octubre de 2024. Corral añadió que en los primeros días de diciembre de este año, autoridades estadounidenses autorizaron incorporar un cargo adicional por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que abrió paso a la ejecución del mandato judicial.

El exmandatario mencionó que las carpetas investigadas incluyen señalamientos por presuntos desvíos de hasta 100 millones de pesos. No se dieron a conocer más detalles sobre el estado actual del proceso legal.

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