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México

Abre CNDH expediente por caso Tanhuato

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) repudia el clima de violencia e inseguridad que en los últimos meses se ha vivido en algunos estados de la República, y por ello «abrió un expediente de queja» con motivo de los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el municipio de Tanhuato, Michoacán, donde murieron 42 presuntos sicarios y un policía federal.

Por ello, solicitó a las autoridades que estuvieron involucradas en los mismos la rendición de informes pormenorizados y se determinó el envío de visitadores adjuntos a esa población desde la misma fecha, «con el propósito de recabar elementos de convicción», en el marco de la investigación que lleva a cabo.

A este día, han sido integradas al expediente diversas «actas circunstanciadas» y materiales gráficos que serán valorados de forma integral con el contenido de los informes que rindan las autoridades a las que se les han requerido, así como con las demás constancias y elementos que se obtengan en las subsecuentes gestiones que se realicen para conocer la verdad de estos hechos.

Bajo esta premisa, se trasladó al municipio de Tanhuato, Ismael Eslava Pérez, primer visitador General de la CNDH para dar continuidad a la investigación que se lleva a cabo.

El organismo que preside el «ombudsman» nacional Luis Raúl González Pérez, repudia el clima de violencia e inseguridad que se ha vivido en algunos estados del país, dentro del cual se han generado diversos hechos que demandan ser plenamente aclarados, como lo son los de Tanhuato y los ocurridos el pasado 6 de enero en Apatzingán, también en el Estado de Michoacán.

Al respecto, la CNDH reitera la necesidad de que todas las investigaciones que se realicen cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, para evitar incurrir en violaciones a derechos humanos y se propicie que efectivamente se llegue a la verdad.

En relación con la investigación de los hechos ocurridos en Apatzingán, la CNDH coincide con el interés expresado en días pasados por diversas organizaciones ciudadanas y defensores sociales, en cuanto a la evolución de ese caso y su convocatoria para realizar una investigación con la celeridad, profundidad y credibilidad que los graves hechos demandan, pero sin demérito de la calidad de la misma.

Por lo anterior, tan pronto se considere que la integración del expediente ha concluido mediante una investigación exhaustiva y diligente, se analizarán y valorarán todos los elementos de convicción que obren en el mismo y se hará del conocimiento público el pronunciamiento que corresponda.

La CNDH dará seguimiento a la integración de estos casos a la vez que reitera la necesidad de que todos los mexicanos sujetemos nuestra actuación al respeto de las leyes y de la dignidad humana.

Fuente: OEM

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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