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México

Abren debate en torno a la Ley de Seguridad Interior

Con el fin de continuar el diálogo con la sociedad civil y atendiendo el exhorto del presidente Enrique Peña Nieto de oír “todas las voces” en torno a la Ley de Seguridad Interior, la presidencia de la Comisión de Gobernación del Senado anunció que se pospuso la reunión de las comisiones unidas convocada para mañana lunes.

Las comisiones de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, junto con la de Gobernación, que preside la senadora Cristina Díaz Salazar, votarían mañana el dictamen de esta ley que fue aprobada por diputados.

“Consideramos necesario que este espacio de análisis, previo a la deliberación legislativa, continúe para escuchar las diversas voces y contar con una ley de amplio consenso, que sea presentada al pleno para su discusión y aprobación, en lo que resta del periodo de sesiones”, indica un comunicado difundido ayer a nombre de Cristina Díaz.

El 14 de diciembre será la última sesión del pleno del Senado, que tiene previstas tres sesiones del martes al jueves, día en que se clausura el periodo ordinario de sesiones. Si los senadores hicieran cambios al proyecto de decreto sería devuelto a la Cámara de Diputados.

Piden frenar la ley

Respaldado por Emilio Álvarez Icaza y el senador Alejandro Encinas, el tres veces candidato a la Presidencia Cuauhtémoc Cárdenas exigió frenar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues advirtió que las autoridades militares podrían tomar decisiones políticas y el rumbo del país.

Al inaugurar el encuentro nacional “Recuperar nuestro territorio”, de la asociación Por México Hoy, el ingeniero Cárdenas se pronunció contra la iniciativa.

“Un paso indispensable para garantizar la integridad del territorio y la no fractura de la población es frenar e impedir la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. No podemos permitir que sea la autoridad militar la que se imponga sobre la autoridad civil y tome las decisiones políticas y los rumbos, que al final pueda tomar nuestro país en su desarrollo”, expresó el político.— Proceso y Excélsior

El exombudsman internacional, Emilio Álvarez Icaza, coincidió en impedir la Ley de Seguridad Interior. “No puede avanzar la política de militarización del país, que es así, la militarización del territorio. Esta ley hace permanente la presencia de los militares en el territorio y pone en riesgo a los defensores y defensoras del mismo territorio”, expuso.

El senador independiente Alejandro Encinas advirtió que con la Ley de Seguridad Interior se “pretende entregar el control político y el territorio a las fuerzas armadas”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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