A partir de este día quedó prohibida en México la fabricación, importación, distribución, venta y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, incluidos los modelos desechables, recargables, sin nicotina y de un solo uso.

La medida deriva de la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación y tiene como objetivo proteger la salud pública, así como reducir el acceso a productos considerados peligrosos, en especial para la población joven, debido a que contienen sustancias tóxicas y pueden generar adicción.

La nueva disposición establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para quienes infrinjan la norma. También otorga a las autoridades sanitarias facultades para realizar decomisos y clausuras.

El texto legal precisa que la posesión y el consumo personal no serán castigados siempre que no exista intención comercial, aunque se eliminan permisos y licencias que anteriormente estaban relacionados con este tipo de dispositivos.

El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días para armonizar las leyes secundarias, mientras que los congresos estatales tendrán hasta un año para adecuar su marco jurídico local.

Las autoridades federales deberán definir los mecanismos de vigilancia y aplicación de sanciones conforme avance la implementación de la prohibición en todo el territorio nacional, la cual, según el gobierno, refleja la prioridad de la salud por encima de la regulación comercial.

Los vapeadores son dispositivos electrónicos que calientan un líquido para convertirlo en vapor que se inhala. Dicho líquido suele contener nicotina, aromatizantes y otros químicos. Existen presentaciones desechables, recargables y equipos con ajustes de potencia, y aunque algunos usuarios los consideran una alternativa al cigarro tradicional, especialistas advierten que pueden provocar dependencia, daños respiratorios y otros efectos adversos para la salud.