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México

Abrirá próximo gobierno atención a problemas de la Sierra Tarahumara

Para otorgar máxima prioridad a los problemas de la Sierra Tarahumara, el próximo gobierno abrirá mesas de trabajo entre funcionarios de diversas secretarías con las comunidades indígenas de Chihuahua, así como con miembros de la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara.
Se atenderán reclamos ancestrales como el reconocimiento de la propiedad de los territorios indígenas, tala ilegal e inmoderada de bosques, despojo de tierras y desplazamiento forzado, violencia por la presencia del crimen organizado y falta de atención social que deriva en problemas de educación y salud, fueron algunos de los planteados ayer por un nutrido grupo de gobernadores indígenas de Chihuahua a próximos funcionarios federales durante el Foro de Incidencias realizado en la ciudad de México.

Los gobernadores y comisarios de la Tarahumara, junto con la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, la Consultoría Técnica Comunitaria, Awé Tibúame, la Alianza Sierra Madre y el Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas, participaron en una sesión encabezada por Josefa González-Blanco, futura secretaria de SEMARNAT; María Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar (actualmente SEDESOL); Luis Hernández, quien ocupará la Procuraduría Agraria; Ulises Villegas, próximo procurador ambiental; Adelfo Regino Montes, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Blanca Jiménez Cisneros, de Conagua, los indígenas de Chihuahua y funcionarios del gobierno electo, analizaron los problemas que enfrentan las comunidades de la Tarahumara principalmente por la defensa de sus territorios y por la violencia que provoca desplazamientos forzados y la pérdida de su patrimonio económico y cultural.

María Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar (hoy Sedesol), subrayó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha ordenado atender de manera prioritaria a los territorios de pueblos indígenas y aceptó la propuesta de implementar políticas especiales –no excluyentes- para la región Tarahumara.

Albores señaló que los indígenas serán los primeros en recibir el beneficio de la pensión universal para adultos mayores de mil 274 pesos mensuales y los únicos a los que se les concederá a partir de los 61 años y no a los 65 como al resto de la población.

Recibirán también esta pensión niños y jóvenes discapacitados de hasta 30 años de edad.

Por su parte la futura titular de SEMARNAT, Josefa González-Blanco, quien se dijo “mitad chihuahuense y mitad chiapaneca”, opinó que el imperio del orden jurídico es fundamental y cuestión de voluntad política para hacer valer la ley y el derecho. Tanto González-Blanco como Albores anunciaron próximas visitas a Chihuahua y comentaron que convocarán al gobierno de Chihuahua para que participe en las mesas de trabajo que abordarán los problemas del territorio, bosques, concesiones mineras e inseguridad.

Tanto el próximo procurador agrario, Luis Hernández, como Adelfo Regino, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, coincidieron en que es vital primero solucionar el problema del reconocimiento de la propiedad de los territorios y de ser necesario plantearle a López Obrador, una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“Esta será la madre de todas las mesas de trabajo porque sobre la tierra están el bosque, las minas y el agua y si no resolvemos la raíz de todo no llegaremos a nada” finalizó Regino, según comunicado difundido por CENCOS.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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