Conecta con nosotros

Resto del mundo

Abrirían expediente contra cardenal Norberto Rivera por ocultar pederastia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) podría emitir un amparo para dar a conocer el expediente del cardenal Norberto Rivera Carrera, actual arzobispo primado emérito de la Arquidiócesis de México, sobre las denuncias que tiene en su contra por el posible ocultamiento de casos de pederastia de 15 sacerdotes.

Luego de que en 2017, el exsacerdote Alberto Athié denunciara a Rivera Carrera ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por ocultar acciones de pederastia de sacerdotes, un ministro de la SCJN propondrá otorgar un amparo que permita a los denunciantes conocer el avance de las diligencias contra el cardenal mexicano.

Rosario y la Biblia

Además, el eclesiástico ya era señalado por el posible encubrimiento de las acciones del sacerdote Nicolás Aguilar, quien fue denunciado en Estados Unidos por presuntos casos de pederastia.  En 2007, Rivera Carrera reconoció no haber solicitado que se investigara a Aguilar, a pesar de las acusaciones que este tenía en su contra.

Cabe mencionar que después de que Athié realizara una denuncia formal en 2017 ante la PGR contra el cardenal por posible ocultamiento de casos de pederastia, la dependencia le negó el acceso a la investigación por no tener carácter de víctima.

Por lo cual, en 2018, el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso amparar al exsacerdote para que este pudiera conocer el avance de las diligencias; sin embargo, la iniciativa solo fue apoyada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y tuvo que ser desechada.

Ahora, según informa el diario Milenio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menapresentará el próximo 25 de noviembre un nuevo proyecto para otorgar un amparo en el que solicite a la autoridad correspondiente: analizar la posibilidad de que el denunciante tenga acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos.

Papa Francisco durante el encuentro con medios a bordo del avión papal

© REUTERS / Alessandro Di Meo

De igual forma, el proyecto propone que las autoridades analicen el interés que tiene la sociedad de «conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos».

Para ello, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señala que la sociedad en general tiene derecho de acceder a la información que se expone en las averiguaciones previas asociadas con violaciones graves a derechos humanos, «pues dicha circunstancia se asocia también con la garantía de su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en dichas violaciones».

De acuerdo con declaraciones de Rivera, este tenía conocimiento de 15 casos de sacerdotes pederastas, por lo que fueron investigados y enviado los expedientes al Vaticano; en respuesta, el papa los había sentenciado.

No obstante, a través de solicitudes de información, Alberto Athié encontró que no existían tales denuncias en ninguna de las instancias legales competentes: la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR ni la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El papa Francisco

© Sputnik / Vladimir Astapkovich

En consecuencia, Athié promovió una denuncia contra Rivera Carrera que terminó en la apertura de un expediente por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR.

Pero a pesar de ser el principal promovente de la denuncia, la PGR no le permitió al exsacerdote conocer la investigación; por lo que, este promovió un amparo que le fue negado por considerar que «carecía de interés jurídico».

Por esta razón, el nuevo proyecto presentado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone que el Ministerio Público debe seguir los lineamientos legales para dar a conocer el expediente de Rivera Carrera con base en la excepción que alude a casos que involucren graves violaciones a los derechos humanos.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto