Hasta ahora no hay distinciones. Una persona mayor de 60 años que reciba mensualmente dinero del Gobierno por conducto de un programa de beneficio social, debe prepararse para redactar la lista de su patrimonio y digamos, de los intereses que recibe de alguna herencia dejada por su cónyuge. Estudiantes becados por la federación o por su estado, vayan enumerando todo lo facturado a su nombre: esa computadora y sus ahorros para salir de vacaciones…

Los senadores aprobaron un dictamen de Ley General de Responsabilidades Administrativas que se discute esta noche en la Cámara de Diputados, instancia que podría avalarla o cambiarla en cuestión de horas.

De acuerdo con abogados y legisladores, de aprobarse la redacción actual, ésta hará viable exigir a los gobernantes el 3de3 que transparenta su haber ante la autoridad. También el de los empresarios que reciben pagos del gobierno, de cualquier índole; el de sus empleados y el de quien no trabaja, pero recibe recursos del erario… como los abuelos citados:

“Artículo 32. Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la presente Ley:

a) Los servidores públicos.

b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios;

c) Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”, establece el dictamen aprobado esta semana por el Senado de la República.

Toda esa información quedaría a disposición del Ministerio Público y de Tribunales que la soliciten e incluso de la sociedad entera, si quien ofrece esa información quiere hacer público su patrimonio, de acuerdo con la Ley a punto de ser aprobada por el Legislativo.

Aunque su redacción sí sostiene tal obligación para quien reciba dinero gubernamental directa o indirectamente, hay todavía pasos a seguir para que tal mandato se lleve a cabo, explicó Ignacio Valdez, abogado constitucionalista, socio del despacho Ibarra, Elizondo, Valdez.

Si es aprobada por los diputados, la Ley debe pasar todavía por la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación, luego por el proceso de redacción de su reglamento que puede establecer excepciones, apuntó el experto.

Y aún después, al hacerse efectivos sus mandatos, quien se perciba afectado, podrá recurrir al amparo y a una posible revisión del asunto en la Suprema Corte de Justicia.

Valdez, empero, destacó que los servidores públicos tendrán pocas oportunidades de defensa al tratarse de individuos que administran recursos públicos. Pero empresarios o ciudadanos que indirectamente reciban recursos del gobierno, como los trabajadores de una obra de tránsito vial, por ejemplo, tienen una mayor protección de su privacidad, que habría de revisar el máximo órgano del Poder Judicial, explicó Valdez.

El Financiero