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Acaparan contratos de la 4T empresas surgidas al vapor, Reciben contratos por 366 mdp

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Con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) surgieron de la nada al menos 171 empresas para convertirse en proveedoras gubernamentales y tan sólo en el primer año de este sexenio que acapararon por asignación directa 366 millones de pesos de 92 dependencias federales.

Durante una investigación, quedó al descubierto que hasta un 77 por ciento de los miembros de los consejos de administración de estas nuevas compañías surgidas con la llegada del gobierno lopezobradorista carecen de experiencia en el área empresarial.

Antes de retirarse del atletismo para brincar a la arena política mexicana, Ana Gabriela Guevara rompió marcas mundiales durante casi 20 años, ahora desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la exvelocista y medallista olímpica intenta romper otros récords al otorgar con enorme rapidez contratos directos a empresas con menos de dos meses de haberse creado.

Pero no es la única, es un fenómeno que se está extendiendo por todo el nuevo gobierno de López Obrador, pues a la par que este se instalaba en Palacio Nacional, nacían compañías “al vapor” y al mismo tiempo los titulares de las nuevas dependencias federales que lo integraban fueron asignando de manera directa contratos millonarios a dichas empresas.

Quinto Elemento Lab, realizó una investigación que dejó al descubierto a 171 empresas creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 como receptoras de transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos por parte de 92 dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, apenas en el primer año de gobierno.

Dichos montos bajo el amparo de 561 contratos gubernamentales, siete de cada diez de estos por adjudicación directa y de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet sin que mediara una convocatoria pública.

Luego de revisar un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá, Quinto Elemento Lab descubrió a los nuevos proveedores gubernamentales, a los socios y empresarios que fundaron estas sociedades , la fecha de creación de estas compañías según sus claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Sobre los contratos, quedó al descubierto que 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas y solo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.

En abril de 2019 el Presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión pues dijo que tenían el objetivo de “combatir la corrupción”, pero antes de su llegada a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso. Acusó que gobierno anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras, todo eso quedó en el olvido.

LAS CONSENTIDAS

Sobre el grupo de empresas con acceso a contratos directos de la administración de López Obrador, el 77% carece de experiencia empresarial según un cotejo en el Registro Público del Comercio (RPC) los padrones locales de proveedores y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los que si tienen trayectoria empresarial, casi un tercio integran sociedades comerciales, pero consiguieron contratos con el gobierno federal en bienes y servicios ajenos totalmente a su experiencia corporativa.

Las consentidas surgieron a un ritmo de entre 13 y 14 por mes, entre el 1 de noviembre de 2018 un mes previo a la asunción de López Obrador y febrero de 2019 se crearon 90 de las 171 empresas según la información de los RFC y el padrón de CompraNet.

De hecho los contratos por asignación directa que consiguieron, fueron los primeros durante su primer trimestre de existencia y en algunos casos aun no cumplían sus primeros 15 días cuando ya tenían amarrados sus contratos.

Fuente: Revista Proceso

México

Salinas Pliego lleva a la CIDH acusación contra el Estado mexicano por persecución política

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El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta persecución política, de acuerdo con un comunicado difundido por el conglomerado empresarial.

La acción se formalizó durante una reunión celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D.C., entre Salinas Pliego y Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En ese encuentro, el empresario expuso una serie de señalamientos que, según el documento, configuran una estrategia coordinada de presión desde distintas instancias del Estado.

La denuncia sostiene que existe una persecución fiscal, judicial y administrativa orientada a restringir la libertad de expresión y la participación del empresario en el debate público, lo que, afirma el comunicado, constituiría una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Durante la conversación, Salinas Pliego explicó lo que considera herramientas de represalia empleadas por el Estado, entre ellas la criminalización de la crítica. Grupo Salinas señaló que ha documentado un uso presunto de medios de comunicación y vocerías oficiales para afectar la reputación del empresario y de sus empresas, con el objetivo de silenciar la disidencia.

Otra de las prácticas señaladas fue el hostigamiento administrativo. El grupo empresarial afirmó que sus compañías han sido sometidas a auditorías excesivas por parte del aparato institucional del Estado, las cuales, aseguró, se duplicaron durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en comparación con periodos anteriores.

El comunicado también hizo referencia a lo que calificó como captura del Poder Judicial. En ese contexto, se mencionó la existencia de un documento que advierte que la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, lo que, según el planteamiento presentado, deja a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a posibles abusos del Ejecutivo.

En materia fiscal, Salinas Pliego señaló un uso político del aparato recaudatorio. Afirmó que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, ha enfrentado negativas y un trato discriminatorio, lo que, a su juicio, revela un fin coercitivo y no recaudatorio.

Grupo Salinas consideró que el caso trasciende lo personal y lo definió como una advertencia sobre una crisis institucional en México. En el cierre del comunicado, se informó que se solicitó a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenar garantías de no repetición que restablezcan la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en el país.

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