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Acepta Inmujeres que 91% de víctimas de violencia no denuncian, pero no que las llamadas sean falsas, como aseguró AMLO

Durante una reunión con diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, expuso que el confinamiento social por la emergencia sanitaria de COVID-19 ha evidenciado a la violencia de género como una segunda epidemia.

A causa de esta circunstancia se tomó la decisión de implementar una campaña de denuncia a través del número de emergencia 911, el cual tan sólo en el mes de abril recibió 400,000 llamadas relacionadas con agresiones a mujeres y de pareja.

Si bien aceptó que el 91% de las víctimas no solicita apoyo o no denuncia la violencia que padece dentro de su casa, no dijo que los llamados de emergencia fueran falsos tal y como lo había asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa del pasado 15 de mayo.

“No quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de las llamadas que se registran por violencia contra las mujeres son falsas”, sostuvo el mandatario. Incluso mencionó que eso “está demostrado”, pero no dio más detalles para explicar tal afirmación.

Las razones por las cuales las mujeres deciden no denunciar, explicó la funcionaria con base en los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, son porque el 10% de ellas supone que no le van a creer; el 70% no lo considera importante; y el 20% restante teme a las represalias que puedan surgir.

Ante este panorama, la titular del instituto indicó que se han reforzado las acciones en contra de la violencia de género al interior de las casas de los 14 estados en donde se tienen los registros más altos de violencia y feminicidios. Además destacó que ante este desafío se necesita la coordinación entre el poder Legislativo y el Ejecutivo.

Puntualizó que desde el Inmujeres “nos esforzamos para que sepan que no están solas y que pueden pedir ayuda”. Por ello, planteó ampliar la capacidad de respuesta del 911 con el fin de que se pueda recibir, identificar, localizar y atender a mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, puntualizó que se creó un directorio de servicios integrales y un mapa georeferenciado con información desagregada de las dependencias que brindan atención, la cual se buscará que se lleve a cabo durante las 24 horas en los siete días de la semana.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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