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Acepta Peñafiel que su bebida sí tiene arsénico… pero poquito

Keurig Dr. Pepper, empresa a la que pertenece Grupo Peñafiel, confirmó este jueves que el agua mineral proveniente de sus plantas de Tehuacán, Puebla, y Tlajomulco, Jalisco, sí presentó contenido elevado de arsénico.

El área de comunicación en Estados Unidos indicó a Notimex que el arsénico es un elemento natural atribuible a la actividad agrícola e industrial, que puede encontrarse en el aire, agua, suelo y en muchos de los alimentos, que según expertos independientes no representa un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores en los niveles actuales.

“La reciente prueba de calidad del agua del producto de agua mineral sin sabor de Peñafiel de dos de nuestras instalaciones de producción que realizamos, mostró arsénico en niveles ligeramente elevados, según las pautas de agua embotellada. También se probó el agua mineral con sabor Peñafiel y los resultados están dentro de las pautas”, comentó.

Sin embargo, la compañía expuso que a fin de garantizar la calidad de sus productos, suspendió de manera temporal la producción de agua mineral sin sabor en las dos instalaciones, en las cuales casi ha completado la instalación de sistemas de filtración mejorados que reducirán los niveles de arsénico.

“La salud y la seguridad de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad, y estamos comprometidos a resolver este problema lo más rápido posible. Mientras tanto, nuestras dos instalaciones de fabricación involucradas siguen operativas y nuestros empleados trabajan mientras producimos otros productos en estos lugares”, subrayó.

Tanto la Comisión Federal para la Protección como Riesgos Sanitarios (Cofepris) como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informaron en días pasados que realizarían visitas a las plantas de Peñafiel para realizar pruebas de laboratorio en los productos.

Las reglamentaciones actuales de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) sugiere que las cantidades de arsénico por encima de tres partes por billón son peligrosas y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como el desarrollo de algunos tipos de cáncer.

Grupo Peñafiel forma parte de Keurig Dr. Pepper, la cual opera un amplio portafolio de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, como Snapple, Canada Dry, Squirt, entre otras.

Cuenta en México con 26 centros de distribución y sus cuatro plantas están ubicadas en Tlajomulco, Jalisco; Tehuacán, Puebla; y Xalostoc y Tecámac, Estado de México.

Con información de Notimex

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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