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Chihuahua

Acuerdan CANACO y Gobierno reapertura del comercio a partir del 15 de junio en Chihuahua

Miembros del Consejo Directivo 2020, así como los presidentes de las secciones especializadas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, se reunieron la tarde de este martes de manera virtual con el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado.

Acompañado de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, así como Jesús Mesta, coordinador ejecutivo del gabinete, acordaron actuar de manera responsable en la reapertura del comercio local.
El presidente de CANACO Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos, afirmó que de la mano con el Gobierno del Estado, la Cámara de Comercio trabajará en la reactivación de los diversos giros que albergan a sus agremiados.

El mandatario, Javier Corral, afirmó que la participación de CANACO es importante para ayudar a definir las estrategias en conjunto con el Gobierno del Estado que se implementarán para la reactivación comercial de nuestra entidad.

Detalló que durante el siguiente fin de semana se irán viendo los indicadores en materia de la pandemia, para poder realizar la apertura, la cual se tiene contemplada sea para el 15 de junio próximo.

El organismo empresarial, en su responsabilidad social, va a acatar todo lo dictaminen los gobiernos Federal y Estatal. CANACO estará presente en el cómo, pero las fechas serán las que las autoridades consideren en beneficio de la salud de los chihuahuenses.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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