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Acuerdan elección abierta para elección de 61 nuevos jueces del TSJ

Luego de haber presentado un documento ante el Tribunal Superior de Justicia, donde se solicitó la transparencia y apertura para el proceso de designación de 61 jueces, abogados pertenecientes a diversos colegios y barras fueron atendidos por el Magistrado Presidente, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, para analizar dicho tema.

Abogados pertenecientes Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Federación Estatal Chihuahuense, El Foro Colegio de Abogados de Chihuahua y la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua entablaron una mesa de dialogo en la cual se otorgó la apertura de dicha convocatoria.

Mireyra Refugio Borunda Hernández, Presidenta de La Barra Mexicana expresó que una de las preocupaciones de los colegios era que la convocatoria fuera abierta para que participaran abogados internos y externos, por lo que después de esta reunión se confirma que será un proceso abierto.

“De esta manera se podrá seleccionar a la persona más capacitada para desempeñar el cargo y el hecho de que sea abierta brinda esa oportunidad, ya que no dudamos de las capacidades del personal del TSJ, pero también al exterior tenemos gente con muchas cualidades que podrían desempeñar el cargo de Juez” agrego la litigante.

Enrique Villalovos Lozano, Secretario Técnico de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados A.C. añadió que: “El estar unidos como gremio es la fuerza social que necesita la gente, ya que si bien es cierto somos juristas que debemos trabajar en una misma sintonía en virtud de que el derecho mexicano es quien debe ser el encargado de educar una sociedad”.

“La política debe estar fuera del TSJ, porque son dos entidades diversas las cuales deben tener su autonomía y su principio autónomo, ya que una cosa es lo político y otra lo jurídico”, así mismo en el sentido de la preparación para los abogados agrego que es de suma importancia ya que: “Se acabaron aquellos abogados todólogos, debemos irnos por especialidad y los abogados que se dediquen a la política que se dediquen a ello, aquellos que se dediquen a la Litis que sigan en ella”.

Cabe mencionar que no será necesario cambiar los lineamientos para la convocatoria a Jueces dentro del Tribunal Superior de Justicia, ya que estos preveían que fuese una convocatoria abierta o cerrada, lo que va a emitir ahora será la convocatoria, la cual será la pauta para la designación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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