Chihuahua

Acusan al “chueco” de asesinar a sacerdotes y guía de turistas

El Gabinete de Seguridad Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lamentó y condenó los hechos ocurridos en Cerocahui, Chihuahua, donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora.

A través de un comunicado se informó que ya está identificado el responsable de los crímenes y “se continúa con la investigación para dar con su paradero y no permitir la impunidad”.

Destacan que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el primer momento se estableció comunicación con las autoridades locales para acordar la coordinación y apoyo que permitan la aprehensión y esclarecimiento del caso.

Medios locales detallan que Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, fueron asesinados la tarde del lunes en el templo de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, luego de que una persona ingresó a la iglesia a refugiarse.

“Los jesuitas atendían a un hombre que entró al templo herido y que era perseguido por personas armadas. Los sicarios ingresaron mataron al laico y a los dos sacerdotes”, confirmó la Diócesis de Tarahumara.

Juan Manuel González Sandoval, obispo de Tarahumara, relató que no conformes con matar a los sacerdotes, se llevaron los cuerpos “sufriendo la misma suerte de tantos desaparecidos dejando estela de dolor tristeza e indignación en todos los que los queremos.

Tras los hechos, la Arquidiócesis Primada de México exigió que cese la violencia en el país.

“Como Iglesia que peregrina en la Ciudad de México, nos unimos en oración con la Compañía de Jesús ante el asesinato de dos sacerdotes Jesuitas en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, pedimos por el cese de la violencia en México#, destacó en sus redes sociales.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, también condenó el asesinato de los religiosos y destacó que las autoridades acompañarán a la provincial jesuita y a las autoridades estatales para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.

Por otra parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, prometió que se arrestará a los responsables del homicidio de dos sacerdotes jesuitas, lo cual se realizará en coordinación con las autoridades federales.

“Estamos coordinando todos los esfuerzos para dar con los responsables, hacer justicia, y asegurar las comunidades de la región”, resaltó.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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