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Acusan a una mujer de usar préstamo de ayuda de Covid-19 para hacer compras lujosas

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A medida que millones luchan por mantenerse a flote durante la pandemia de covid-19, las compras menos importantes en la mayoría de las mentes son Louis Vuitton y diamantes.

Pero en Carolina del Norte, cuya tasa de desempleo fue del 6,5% en agosto pasado, una mujer supuestamente usó su préstamo de ayuda por covid-19 de US$ 149.000 para comprar productos en lugares como Louis Vuitton, Nordstrom, Neiman Marcus, IKEA y varias tiendas de diamantes.

Jasmine Johnnae Clifton, de 24 años y residente de Charlotte, compareció en una corte federal esta semana. Es acusada de dos cargos de fraude por usar un negocio ya disuelto para obtener fondos de ayuda por el covid-19, según un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

El préstamo hizo parte del Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre de la Ley CARES. Los fondos los proporcionó la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) a las pequeñas empresas de Carolina del Norte que «sufrieron daños económicos sustanciales» debido a la pandemia, indicó un comunicado de prensa de la agencia.

Clifton no respondió a las solicitudes de CNN para hacer comentarios al respecto. Su defensor público se negó a comentar debido al estado pendiente del caso.

Acusación: El préstamo de ayuda de covid fue para un negocio que ya no existía
Clifton presentó los documentos para crear el negocio de ropa en línea Jazzy Jas LLC por primera vez en febrero de 2019, según la acusación obtenida por CNN. Después, solicitó el préstamo de la SBA para la compañía el 24 de julio de 2020, de acuerdo al expediente.

¿El problema? Según la acusación, la empresa ya no existía en ese momento. Se había disuelto formalmente con el secretario de Estado de Carolina del Norte meses antes en marzo de 2020. Sin embargo, de manera efectiva, se disolvió en septiembre de 2019.

Para obtener los fondos, Clifton presuntamente presentó una solicitud de préstamo el 24 de julio de 2020. En la cual supuestamente afirmó, de manera falsa, que Jazzy Jas LLC había generado US$ 350.000 en ingresos durante un período de 12 meses antes de la pandemia, según la acusación.

«CLIFTON acordó específicamente usar los fondos del préstamo para Jazzy Jas LLC ‘únicamente como capital de trabajo para aliviar el daño económico causado por el desastre que empezó a ocurrir el 31 de enero de 2020?», se lee en el documento.

Se aprobó un préstamo de US$ 150.000 el 8 de agosto de 2020. La acusación señala que estos fondos, menos una tarifa de US$ 100, se depositaron en la cuenta de la cooperativa de crédito de Clifton unos tres días después.

Cargos de fraude
De cuando a la acusación, Clifton utilizó la existencia previa de Jazzy Jas LLC para «explotar un programa de préstamos federales y obtener una suma de dinero sustancial». El gobierno federal confiscó aproximadamente US$ 50,000 en fondos de la cuenta de la cooperativa de crédito de Clifton en noviembre, de acuerdo al expediente.

El 17 de febrero, un jurado investigador acusó por primera vez a Clifton de dos cargos. Por un lado, fraude electrónico en relación con un beneficio por desastre y fraude en relación con un desastre mayor o beneficios de emergencia. Si se le declara culpable, el comunicado de prensa indicó que los cargos podrían llevar a un máximo de 30 años de prisión cada uno. También un total de US$ 1.250.000 en multas.

Clifton quedó libre con una fianza de US$ 25.000, después de que compareciera ante la corte del lunes, señaló el expediente judicial.

Fiscal quiere los fondos de covid-19 ayuden a las personas adecuadas
Las pequeñas empresas han tenido dificultades para seguir operando durante la pandemia. Más del 74% de los pequeños negocios informaron haber experimentado un efecto negativo general moderado o un gran efecto negativo debido al covid-19. Así lo registran los datos más recientes que están disponibles de la Encuesta de Pulso de Pequeñas Empresas de la Oficina del Censo de EE.UU., tomada la semana del 4 de enero a 10 de enero de 2021.

«En un momento en que nuestra nación enfrenta con los efectos de la pandemia de coronavirus y las empresas luchan para hacer frente al impacto de covid-19, los estafadores aprovechan la oportunidad para robar programas federales de ayuda económica para llenar sus propios bolsillos», escribió el fiscal federal Andrew Murray, en un comunicado enviado a CNN.

«Mi oficina trabaja arduamente para descubrir a los delincuentes que intentan explotar la pandemia y robar fondos destinados a la recuperación económica de empresas y comunidades en todo el Distrito Occidental de Carolina del Norte», completó.

Fuente: CNN

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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