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México

Acusan desvíos por 60 mdp en San Luis Potosí

Una farmacia ubicada en la calle San Luis de la colonia San Felipe, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez de San Luis Potosí, se ha convertido en símbolo de la opacidad de la administración perredista encabezada por el alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez, a poco más de nueve meses de haber iniciado funciones, el pasado 1 de octubre.

La farmacia en cuestión, está en un pequeño local que es parte de una casa pintada de blanco y tiene un rotulo azul que dice Sandra Farmacia, informa que da servicio de lunes a viernes en horario corrido de ocho de la maña informa que da servicio de lunes a viernes en horario corrido de ocho de la mañana a ocho de la noche; no obstante, eso no sucede, pues casi nunca está abierta.

Las pocas veces que el negocio está abierto se aprecia una estantería con muy pocos productos, lo indispensable de una botica; sin embargo a este negocio se han pagado en los últimos años cerca de 60 millones de pesos del erario en las administraciones como presidentes municipales de los Ricardo Gallardo, hijo y padre, en el trienio pasado del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el actual de la capital del estado, respectivamente, según denuncian con facturas y registros públicos en mano la asociación Ciudadanos Observando.

José Guadalupe González, vocero de la asociación Ciudadanos Observando, ha dedicado los últimos meses, con apoyo de un ejército de integrantes de la organización, en rescatar documentos, facturas, testimonios e indicios que una vez cotejados como válidos, han sumado cifras millonarias, el monto pudiera ser mayor, pero lo documentado asegura es alarmante.

Sandra Sánchez Ruiz, es un nombre sin rostro, la mujer que dicen las autoridades decidió fiar medicamentos para el personal de confianza cuando nadie lo hacía para una plantilla de trabajadores, altamente enfermiza y que por ese gesto de empatía se ganó el aprecio e innumerables cheques de la cuenta pública capitalina.

Sánchez Ruiz es una recién empresaria exitosa que, sin embargo, sólo trabaja para los Ricardo Gallardo, ya que según la asociación Ciudadanos Observando, no ofrece cotizaciones, no da citas, ni es localizable cuando se le busca para surtir productos farmacéuticos.

El llamado de los denunciantes es a las autoridades federales, particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ponga en marcha un equipo especializado de investigación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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