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Acusan a procurador capitalino de desacato en caso Marco Antonio

El procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, desacató un amparo federal al difundir información reservada sobre Marco Antonio Sánchez Flores, lo cual es constitutivo de responsabilidades, incluso penales, informó la Red por los Derechos de la Infancia, que pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal impedir que en su nombre las autoridades justifiquen obstáculos a la familia y al equipo de defensa.

Tras informar que los padres del estudiante de preparatoria rechazaron desde el pasado 3 de febrero que la persona que aparece en los videos difundidos por la Procuraduría General de Justicia capitalina sea su hijo, señaló que éstos sólo buscan intensificar la criminalización de la víctima y defender a los cuatro policías involucrados en su ilegal detención.

El procurador Garrido Osorio y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, “pretenden seguir litigando la defensa de los policías en los medios de comunicación, practica que es cada vez más común, pretendiendo criminalizar a las víctimas que denuncian abusos de los servidores públicos”, coincidieron en afirmar la Redim, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto para la Justicia Procesal Penal.

La PGJ-CDMX realizó ayer una conferencia de prensa en la cual presentó fragmentos de videos en los que aseguró aparecía Marco Antonio en distintos puntos de la delegación Azcapotzalco deambulando en las calles y sin golpes; pretendiendo desacreditar las acusaciones en contra de los policías, acusados de desaparición forzada.

Ante esto su padre aseguró que “no es su hijo el joven que aparece en los videos”, cuyo rostro no se observa y sus características físicas no coinciden, lo cual le hizo saber junto con la mamá de Marco Antonio al fiscal del caso, a quien le solicitaron no seguir filtrando información y notificar previamente a la familia y equipo jurídico antes de cualquier anuncio sobre el caso, lo cual no sucedió.

Consideraron que resulta preocupante que la Procuraduría capitalina siga violentando la ley y los derechos de las víctimas cuando el estudiante de la UNAM tiene una protección reforzada con respecto a su imagen e identidad, la CDHDF emitió medidas cautelares y se incumplió con la suspensión concedida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia de Amparo 66/2018.

Por ello, llamaron urgentemente a la CDHDF a deslindarse públicamente de los señalamientos realizados por el procurador que aseguró atender indicaciones de esta entidad para impedir el acceso a la carpeta de investigación y expediente médico por “reservar datos personales” violando los derechos humanos de la víctima y su familia.

Señalaron que es prioritario preservar la autonomía constitucional de ese órgano autónomo dedicado a la defensa de las víctimas de derechos humanos a manos de las autoridades, y reiteraron su llamado a Miguel Angel Mancera, presidente del Sistema de Protección Integral de derechos de niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México a respetar el artículo cuarto constitucional que establece el interés superior de la niñez en todo acto de autoridad.

Así como mantener coherencia con la prioridad de investigar la presunta desaparición forzada de Marco Antonio de acuerdo a las leyes vigentes; dejando con ello de ser el abogado de los policías señalados y aún en impunidad, por una investigación llena de irregularidades y parcialidad en contra de las víctimas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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