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México

Adeudan partidos a Hacienda 625.9 MDP

Los partidos políticos fueron evidenciados por el Instituto Nacional Electoral (INE) como deudores del fisco por 625.9 millones de pesos de los ejercicios fiscales 2015 y anteriores.
Los pagos pendientes por enterar al IMSS por la seguridad social de trabajadores de los partidos ascienden a 27.2 millones de pesos; 484 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR); 11.3 millones de pesos por Infonavit; Impuesto Sobre Nóminas y Predial, por 52 millones de pesos, e IVA por 51 millones de pesos, que suman 625.9 millones, por los remanentes.
Por ello, el INE acordó un plan para que se regularicen por lo menos en lo que respecta a 2015, en tanto que de 2014 y anteriores —años que ya fueron fiscalizados— se dará vista a las autoridades. Además, aprobó criterios para que los partidos regularicen sus activos fijos (muebles e inmuebles), pues detectó irregularidades como ausencia de registro contable, en control interno y en la acreditación de la propiedad.
Para salvar sanciones los partidos deberán pagar sus deudas fiscales de 2015 a más tardar el 31 de diciembre próximo y en materia de registro de sus activos tendrán que presentar en marzo próximo un calendario de acciones tendiente a normalizarlos, con fecha fatal diciembre de 2017.
Desglose de la deuda. Las deudas con Hacienda fueron expuestas por el consejero Ciro Murayama en sesión del INE, en medio de la molestia de los partidos evidenciados: el mayor deudor es el PRD, con 332.8 millones de pesos, que representan 53% del monto total de lo que deben al fisco nueve institutos políticos nacionales y 21 locales.
Le siguen el PRI con montos pendientes por 73.6 millones, 11.8% de los adeudos, y el PVEM, con 52 millones de pesos, equivalente a 8.3%.
El PT debe al fisco 45.9 millones de pesos, 7.9%, y Movimiento Ciudadano 44.7 millones de pesos, 7.1%. En el caso del PAN debe a Hacienda 37 millones de pesos, 5.9% del total; el Panal adeuda 9.5 millones, que representa 1.5%, al igual que el PES y el Humanista (extinto).
Morena habría estado en deuda con el fisco por 6.6 millones de pesos y se suman 4.7 millones de pesos correspondientes a los 21 partidos locales. En total son 625.9 millones de pesos.
Sin embargo, mediante un oficio circulado por Horacio Duarte, de Morena, informó que se puso al corriente el pasado 13 de octubre, por lo que pidió que no se generalice que todos los partidos son deudores.
Juan Manuel Castro Rendón, de Movimiento Ciudadano, explicó que Hacienda les ha asegurado que no tiene adeudos. Mientras que Francisco Gárate, del PAN, expuso que a quienes acordaron programas de regularización fiscal se les dan 36 meses para pagar.
El consejero Murayama destacó que los adeudos fueron reconocidos por los partidos en sus informes del primer trimestre de 2016.
“Es preocupante, porque los partidos viven de los contribuyentes y eludir las contribuciones que le corresponden al fisco es inaceptable. Sabemos que la evasión y elusión fiscal son parte del deporte nacional que vuelve frágil al Estado”, advirtió. Los trabajadores de los partidos están viendo vulnerados sus derechos y las instituciones de la seguridad social del país están teniendo un déficit, acusó, en tanto que en Impuesto Sobre Nómina o por Honorarios incluso retuvieron el dinero y en vez de enterar al fisco se lo gastaron.
El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, reconoció que sobre esos años pasados no hay elementos para sancionar el hecho de que los partidos no hayan pagado impuestos durante más de un año.

El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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