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México

Adiós al INAI: Diputados aprueban en lo general extinción de órganos autónomos

Con 347 votos, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que elimina siete órganos autónomos, sin que los 128 legisladores de oposición pudieran hacer algo para impedirlo.

Tras la votación en lo general, se decretó un receso y el dictamen será discutido y votado mañana en lo particular.

El bloque mayoritario busca hacer modificaciones, sobre todo en materia de competencia económica y telecomunicaciones, para no enfrentar sanciones internacionales en el marco del TMEC.

Morena perfila modificaciones

Aunque la iniciativa presentada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador indicaba sólo la transferencia de funciones de esos órganos a dependencias de gobierno, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anticipó que habrá cambios al dictamen vía reservas, sobre todo lo que implica a IFT y la Cofece.

Se va a modificar el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales para que a la Cofece y el Instituto Federal de telecomunicaciones se les dé el carácter de órganos descentralizados, expuso el morenista.

Se trata de otorgar patrimonio propio y también personalidad jurídica propia, dijo.

El diputado explicó que a pesar de que las funciones de Cofece se trasladan a la Secretaría de Economía, se tiene que crear un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio que no dependa la decisión del secretario de Economía.

Además se establecerá que “también serán ciudadanos los que integren este organismo, es decir, se respeta la independencia técnica y todas las funciones que venían desarrollando en una nueva figura jurídica que en el derecho administrativo conocemos como órganos descentralizados”.

En la reforma se incorporará a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con algunas del las funciones del IFT.

Respecto a los titulares de los nuevos organismos el diputado de Morena dijo que en regulación secundaria se establecerá que sea a propuesta de la persona titular del Ejecutivo federal que el Senado decida quien encabeza esos órganos descentralizados.

Dan el debate, pero pierden la votación

En la discusión del dictamen, diputados de Morena, Partido del Trabajo y Verde (PVEM) argumentaron que el objetivo central de la decisión es el ahorro de cerca de 5,000 mil millones de pesos que se presupuestan cada año a esos autónomos.

Otro alegato fue que “no han hecho nada”, que fueron producto de gobiernos “neoliberales” y que hay corrupción, que ejemplificaron con un solo caso: el uso de una tarjeta bancaria proporcionada por el INAI a uno de sus comisionados y fue empleada en un restaurante, en una “table dance”, acusaron los legisladores.

“Los derechos no desaparecen, las actividades y los derechos que garantiza cada uno, no desaparecen, solamente se trasladan a la administración pública federal”, explicó el morenista Mario Miguel Carrillo.

Un órgano constitucionalmente autónomo no es garantía de protección de derechos ciudadanos, alegó la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, “los OCAS no han permitido la fiscalización sobre si mismos”, acusó.

La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, también de Morena, aseguró que esa reorganización “no es concentrar el poder en una sola persona, es recuperar el control para el Estado”.

“El INAI duró 11 años sin ser un órgano constitucionalmente autónomo y era parte del gobierno central. El Coneval nueve años. La Cofece 20 años y en 2014 se creó el IFETEL”, aseveró la petista Lilia Aguilar Gil, “¿entonces toda la tragedia de la que hablan (sin OCAS) sucedía en el gobierno del PAN?”.

“Están muy preocupados por ver quién va a medir y quien va a evaluar al gobierno. No se preocupen que ya hay quien evalúa el gobierno y es el pueblo de México y ellos nos evaluaron a nosotros y los evaluaron a ustedes hace unos meses”, sentenció el morenista Gabino Morales.

La oposición acusó, sobre todo, la concentración de poder, la opacidad por venir y el retorno a épocas del pasado donde no había contrapesos.

“Esa eutanasia de autónomos es una regresión automática “, dijo Gustado de Hoyos, de Movimiento Ciudadano,

“Los supuestos ahorros serán insignificantes en comparación con los graves daños que ocasionaron en materia de inversiones conflictos con el TMEC”, alertó la diputada Verónica Martínez García, del Revolucionario Institucional (PRI).

María Josefina Gamboa Torales, de Acción Nacional (PAN), lamentó especialmente la extinción del INAI.

“Lo desaparecen por corrupción. Sí, ¡pero por la de ustedes¡, ¡Por haber descubierto la corrupción de este gobierno¡. Andrés Manuel llegó hace seis años, bien pudo haber desaparecido al INAI si no le parecía.

“Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Aquí están los datos. Gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex, los 400 aviadores que tenían (…) además la red de tráfico de influencias de Andy y Bobby”, acusó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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