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Admite SCJN controversia de Corral contra Ley de Seguridad

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La controversia constitucional contra la Ley de Seguridad presentada por Javier Corral, gobernador de Chihuahua, fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que suman ya más de 10 impugnaciones por las violaciones inconstitucionales que presenta dicha ley.

Corral presentó su recurso el pasado lunes ante la SCJN argumentando que la Ley de Seguridad “vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas además de que ponen en riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia y el acceso a la información”.

El reclamo del mandatario giraba también en torno a las funciones que llevarían a cabo las fuerzas armadas, pues desde su punto de vista la puesta en marcha de la ley implicaría que éstas “lleven a cabo una función para la que no fueron creadas”.

Aparte de la presentada por el gobierno de Chihuahua, la SCJN recibió controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad de los municipios de Soltepec, Puebla, así como Morelia y Cherán, del estado de Michoacán. Pero sobre éstas no se ha dictado aún el acuerdo correspondiente.

Hasta ahora, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Diputados, Senadores, la CNDH y el INAI, así como diez controversias constitucionales promovidas por municipios de Puebla, Coahuila, Yucatán y el Estado de México, en las que se demanda invalidar diferentes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, han sido admitidas.

La Ley de Seguridad Interior fue promulgada por el Enrique Peña Nieto y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017.

La única acción de inconstitucionalidad rechazada hasta el momento por la SCJN ha sido la interpuesta por el partido Movimiento Ciudadano, bajo el argumento de que los partidos políticos solo pueden realizar este tipo de demandas para invalidar normas relacionadas con temas electorales.

Animal Político

México

Amplio respaldo empresarial y estatal al T-MEC en consultas para su revisión

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El 84 por ciento del sector productivo en México respalda la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que ha contribuido a fortalecer la inversión, la integración productiva y las cadenas regionales de valor. Así lo revelan los resultados de las consultas públicas realizadas en el país con motivo de la próxima revisión del acuerdo comercial.

Durante la presentación del informe Resultados de las Mesas de Consulta Pública, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el consenso nacional apunta a preservar el tratado, al señalar que sus efectos han sido positivos para la economía mexicana.

De acuerdo con el documento, el respaldo alcanza 84 por ciento cuando se mide por sector productivo y 75.9 por ciento al analizarlo por entidades federativas. La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez, señaló que existen pocos temas en el país que generen un nivel de acuerdo similar.

Aunque el apoyo es mayoritario, tanto empresarios como gobiernos estatales identificaron diversos puntos que consideran relevantes rumbo al proceso de revisión del tratado. Entre los principales señalamientos se encuentran los aranceles aplicados de manera unilateral por Estados Unidos bajo disposiciones como las secciones 232 y 301, así como asimetrías en el mecanismo laboral y los altos costos de certificación que enfrentan exportadores, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas.

El titular de Economía también rechazó la posibilidad de establecer revisiones anuales del acuerdo. Advirtió que introducir este tipo de mecanismos podría generar incertidumbre estructural y afectar la competitividad de la región de Norteamérica frente a otras economías, especialmente en Asia.

El informe destaca como principales ventajas del T-MEC la certidumbre jurídica para los inversionistas, la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento de la plataforma productiva regional.

No obstante, el análisis también señala retos pendientes, entre ellos la saturación en cruces fronterizos, casos de competencia desleal, prácticas de triangulación comercial y rezagos en infraestructura energética y logística.

En términos generales, la postura predominante entre los participantes de las consultas es mantener el tratado y enfocar los esfuerzos en mejorar su implementación, sin modificar de fondo los capítulos que integran el acuerdo comercial.

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