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Advierten en crisis sistema de justicia

El sistema de procuración de justicia enfrenta una grave crisis en México, por lo que es urgente impulsar su rediseño para revertir deficiencias estructurales y problemas de corrupción, violación de derechos humanos y ausencia de imparcialidad.

Así se concluye en el Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, presentado ayer en Palacio Nacional por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). «Si bien no puede negarse la importancia de los cambios constitucionales y legales de los últimos años, lo cierto es que resulta indispensable la confección de un plan integral y sistémico que permita construir un nuevo modelo de procuración de justicia.

«En cuya base se encuentren fiscalías eficaces y eficientes, que respeten derechos, que generen y utilicen información, que cuenten con un modelo sólido de investigación proactiva, con capacidad para llevar procesos exitosos, y con imparcialidad respecto a cualquier poder», indica el documento.

El documento señala que la procuración de justicia enfrenta tres grandes problemáticas que limitan significativamente su adecuado funcionamiento; el primero es la falta de una visión sistémica que articule adecuadamente la investigación, persecución y sanción de los delitos. La segunda es que las procuradurías tienen debilidades estructurales que se reflejan en su incapacidad para investigar los delitos y litigar exitosamente con respeto a los derechos humanos; y la tercera es la deficiente generación y uso de la información.

«Nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona, no ha funcionado desde hace tiempo», mencionó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, durante la presentación a la que asistieron el titular de la CNS, Renato Sales, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán,.
La Consulta Nacional reflejó que las procuradurías y fiscalías son extremadamente heterogéneas, no están preparadas para el sistema acusatorio, tienen problemas estructurales y de recursos, y con frecuencia producen violaciones de garantías.

Según el informe, el sistema también tiene importantes problemas de conducción y organización de instituciones, deficiencias en la atención de las víctimas, fallas en la cadena de mando y fenómeno de «puerta giratoria» en los ministerios públicos, entre otras.
Impunidad

El ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez afirmó que la falta de investigación y persecución de los delitos por la autoridad ministerial deja en la impunidad los ataques contra policías, lo que podría violar los derechos humanos de esas personas al negarles su derecho de acceso a la impartición de justicia.

Enfatizó que «pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad en el país es un falso debate, ya que son posibles y compatibles la observancia del Estado de derecho y la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos fundamentales».

Se pronunció por mejorar las condiciones laborales de policías civiles y con desempeño basado en un sistema de carrera profesional y mecanismos de control internos y externos.
Los expertos que participaron en la consulta coinciden en la necesidad de un «acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno», con la participación de la sociedad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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