El sistema de procuración de justicia enfrenta una grave crisis en México, por lo que es urgente impulsar su rediseño para revertir deficiencias estructurales y problemas de corrupción, violación de derechos humanos y ausencia de imparcialidad.

Así se concluye en el Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, presentado ayer en Palacio Nacional por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). «Si bien no puede negarse la importancia de los cambios constitucionales y legales de los últimos años, lo cierto es que resulta indispensable la confección de un plan integral y sistémico que permita construir un nuevo modelo de procuración de justicia.

«En cuya base se encuentren fiscalías eficaces y eficientes, que respeten derechos, que generen y utilicen información, que cuenten con un modelo sólido de investigación proactiva, con capacidad para llevar procesos exitosos, y con imparcialidad respecto a cualquier poder», indica el documento.

El documento señala que la procuración de justicia enfrenta tres grandes problemáticas que limitan significativamente su adecuado funcionamiento; el primero es la falta de una visión sistémica que articule adecuadamente la investigación, persecución y sanción de los delitos. La segunda es que las procuradurías tienen debilidades estructurales que se reflejan en su incapacidad para investigar los delitos y litigar exitosamente con respeto a los derechos humanos; y la tercera es la deficiente generación y uso de la información.

«Nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona, no ha funcionado desde hace tiempo», mencionó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, durante la presentación a la que asistieron el titular de la CNS, Renato Sales, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán,.
La Consulta Nacional reflejó que las procuradurías y fiscalías son extremadamente heterogéneas, no están preparadas para el sistema acusatorio, tienen problemas estructurales y de recursos, y con frecuencia producen violaciones de garantías.

Según el informe, el sistema también tiene importantes problemas de conducción y organización de instituciones, deficiencias en la atención de las víctimas, fallas en la cadena de mando y fenómeno de «puerta giratoria» en los ministerios públicos, entre otras.
Impunidad

El ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez afirmó que la falta de investigación y persecución de los delitos por la autoridad ministerial deja en la impunidad los ataques contra policías, lo que podría violar los derechos humanos de esas personas al negarles su derecho de acceso a la impartición de justicia.

Enfatizó que «pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad en el país es un falso debate, ya que son posibles y compatibles la observancia del Estado de derecho y la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos fundamentales».

Se pronunció por mejorar las condiciones laborales de policías civiles y con desempeño basado en un sistema de carrera profesional y mecanismos de control internos y externos.
Los expertos que participaron en la consulta coinciden en la necesidad de un «acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno», con la participación de la sociedad.