En México existe una epidemia de desapariciones alimentada por la «incompetencia e inercia» del gobierno, señaló la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) en un informe presentado hoy, en el que acusa a las autoridades de no tener voluntad para investigar los casos.
«Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana», sostuvo la directora del programa de AI para América, Érika Guevara-Rosas.
«En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad», manifestó en el informe Un trato de indolencia’: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, donde se señala que, según cifras oficiales, existen más de 27 mil personas desaparecidas en el país.
Según el documento, muchos de los casos se derivan de detenciones por parte de elementos de la Policía o del Ejército, y el hecho de que México no cuente con un registro de detenciones «permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos», señala.
AI pone dos ejemplos: el conocido caso de los 43 estudiantes que desaparecieron el estado sureño de Guerrero en 2014, y el de una ola de desapariciones en el estado fronterizo de Chihuahua, en el norte del país, que suma desde 2007 a unas mil 700 víctimas, según el reporte.
La versión oficial sostiene que los 43 estudiantes de una escuela en Ayotzinapa desaparecieron a manos de policías municipales aliados con un grupo criminal que los asesinó y quemó. Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada en 2015, un año después del suceso, por un grupo de especialistas nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado», dice al respecto AI, que critica a las autoridades mexicanas por empeñarse «en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local)».
La organización puntualiza que existen «serias deficiencias» en la búsqueda de los 43 jóvenes.
Sobre Chihuahua, AI reporta «al menos un caso de encubrimiento» por parte de las autoridades estatales frente a las denuncias por desaparición. Al mismo tiempo, el documento denuncia que en casi todos los casos no se adoptaron las medidas fundamentales para la investigación, por lo que la búsqueda de los desaparecidos es asumida principalmente por sus familiares.
«La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas», dijo Guevara-Rosas, quien pidió «mejorar sustancialmente» un proyecto de ley sobre la materia, presentado el año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.
«Las autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran más desapariciones», agregó.
Jornada
