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México

Aerolíneas tendrán que regresarte el 25% del boleto si hay sobreventa, determina La Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las aerolíneas siempre deben indemnizar con el 25 por ciento del valor del boleto a todas aquellas personas afectadas por la sobreventa en un vuelo de conexión, sin importar que les ofrezcan otras opciones conforme a lo establece la Ley de Aviación Civil, incluyendo la reprogramación del vuelo.

En su fallo, que tuvo tres votos a favor, la Primera Sala de la Suprema Corte especificó que las personas afectadas cuentan con diferentes posibilidades en caso de ser afectadas por la sobreventa: «el reintegro de su pasaje, el transporte en el primer vuelo disponible y cobertura de alimento y hospedaje a cargo de la aerolínea, o bien la reprogramación de su vuelo».

No obstante, la Corte resolvió que «las aerolíneas comerciales deben indemnizar a los pasajeros a quienes se les niegue el abordaje por la sobreventa de los vuelos, con la independencia de ofrecerles las opciones antes precisadas». Consideró como inconstitucional que los proveedores ofrezcan el primer vuelo disponible ante la saturación en un horario.

Para tal determinación, las y los ministros se basaron en el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil, donde se establece la responsabilidad de las aerolíneas en los vuelos de conexión, debido a un contrato existente entre el pasajero y el proveedor del servicio, además del artículo 28 constitucional que busca proteger a las y los consumidores.

Asimismo, el máximo tribunal de justicia consideró que la legislación vigente «da un trato distinto a los concesionarios y permisionarios, con respecto a la obligación de responder a daños y prejuicios, y a los pasajeros con relación al derecho a recibir una indemnización», afirma la resolución.

¿Y qué pasa si mi vuelo se demora o retrasa?

La resolución de la Corte sólo aplica en el caso de sobreventa en los vuelos de conexión, sin embargo, las aerolíneas también cuentan con un política de compensación en el caso de que los vuelos tengan retrasos o demoras, ya sea por un periodo de una o cuatro horas, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por ejemplo, en el caso de AeroMéxico, la política de compensación fija una devolución del 25 por ciento del costo del boleto en el caso de un retraso o demora de hasta cuatro horas. Volaris reintegra el billete o boleto conforme a «la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje».

En caso de que la aerolínea no haga válido el reembolso del 25 por ciento en un vuelo de conexión, a causa de la saturación, el pasajero no deberá recibir otras políticas compensatorias, según el fallo de la Corte. Aparte de que puede realizar una denuncia a los números de la Profeco: 55 5568 8722y 800 468 8722.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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