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Aeroméxico analizaría solicitud de bancarrota en Estado Unidos

Grupo Aeroméxico SAB está considerando una declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 en EEUU, ya que la pandemia de coronavirus asola la industria de las aerolíneas, dijo una persona familiarizada con el asunto.

La aerolínea mexicana está sopesando sus opciones y no se ha tomado una decisión final, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas. Aeroméxico está siendo asesorada por White & Case LLP y Citigroup Inc., según el columnista de negocios Darío Celis, quien informó la posible solicitud el viernes temprano.

Una bancarrota de Aeroméxico sería la tercera en seis semanas para una importante aerolínea latinoamericana, después de que Latam Airlines Group SA y Avianca Holdings SA buscaran protección judicial. El tráfico de pasajeros en la región cayó 96% en abril en medio de la pandemia, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Pero a diferencia de Estados Unidos y Europa, los gobiernos latinoamericanos no se han apresurado a rescatar a las aerolíneas.

Aeroméxico cayó 5% a 6.63 pesos a las 10:47 a.m. en Ciudad de México y los bonos de la compañía se desplomaron.

Analistas dijeron que sus acciones -que en lo que va del año han perdido un 60% de su valor- podrían continuar sufriendo en los próximos periodos de volatilidad, de confirmarse la información.

Un columnista del diario mexicano El Financiero aseguró que la compañía había iniciado trámites para buscar la protección del Capítulo 11 de la Ley contra Quiebras de Estados Unidos. “En los próximos días se acogerá a ese recurso en Nueva York”, escribió.

Reuters no logró obtener de inmediato comentarios de Aeroméxico, que reportó en mayo un desplome del 92.4% interanual en el tráfico de pasajeros.

Analistas dijeron que sus acciones -que en lo que va del año han perdido un 60% de su valor- podrían continuar sufriendo en los próximos periodos de volatilidad, de confirmarse la información.

“Consideramos que la noticia resulta negativa para la emisora, ya que refleja los importantes retos de liquidez y operatividad”, afirmó en un reporte Brian Rodríguez, especialista del grupo financiero Monex.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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