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México

Afirman que recortes abusivos de morena en presupuesto 2021 afectarán a millones de mexicanos

Luego de que 10 gobernadores que conforman la “Alianza Federalista”, se pronunciaron simultáneamente en contra del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, indicó que los recortes forman parte del proceso de centralización absoluta que encabeza el gobierno de Morena, lo que afectará el desarrollo de municipios y estados del país, al dejar sin recursos actividades esenciales como seguridad pública, salud, obras prioritarias, centros deportivos, entre otros rubros.

“El conflicto con los diez gobernadores sería resultado de la dictadura centralizada y unipersonal en marcha. Sea así o no, todos los mexicanos nobles y solidarios con el país y con su pueblo, debemos entender lo que ocurre y unirnos a ese mismo pueblo, firme y sólidamente, para luchar juntos contra tal amenaza” indicó, al respaldar a la Alianza federalista, una vez que el gobierno federal busca negar la calidad de interlocutor válido ante la absoluta falta de diálogo e interlocución, pese a su reiterada insistencia para ser atendidos y escuchados por las autoridades federales.

Al citar los pronunciamientos que dirigieron los mandatarios agremiados en la Alianza Federalista, entre ellos Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, Javier Corral de Chihuahua y Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, Córdova Morán, denunció que la medida de centralizar y profundizar los recortes busca cortar a estados y municipios cualquier posibilidad de crecer y desarrollarse con independencia del poder presidencial, y para eso es necesario dejarlos sin dinero y libertad de iniciativa.

Explicó que, en el caso de los municipios, donde habitan la mayoría de los mexicanos, un 67% de su presupuesto procede de las transferencias federales, y el 33% son ingresos propios. En ese sentido, los ingresos federales son los que sufrirán un recorte del 5.2%, el cual se aplicará según el estado de que se trate, pero, por ejemplo, citó, según el gobernador Silvano Aureoles, Michoacán recibirá 7,728 millones de pesos menos; Chihuahua, según su gobierno, perderá 4,600 millones de pesos, recursos que ya no resolverán carencias urgentes de la gente.

Lamentó la respuesta del gobierno obradorista a la defensa expresada por gobernadores y actores sociales, académicas y políticas contra los recortes, pues lejos de optar por el diálogo para evitar la confrontación, el Presidente negó que haya posibilidad de romper el pacto federal argumentando cambios legales, al tiempo que los retó a consultar a sus gobernados. También, Córdova Morán reprobó el pronunciamiento de seis gobernadores morenistas, entre los que se cuenta a tres de los peores del país: Cuitláhuac García, de Veracruz, Miguel Barbosa de Puebla y Cuauhtémoc Blanco de Morelos, pues más que un “esfuerzo sincero por serenar las cosas”, el desplegado que emitieron “parece una burla y una provocación intencional para avivar el incendio”, aseveró.

De esta forma, dijo el líder social, no solo se rasuran los presupuestos de estados y municipios, sino que también se fabrican leyes que les prohíben emprender cualquier obra, por pequeña que sea, sin la previa supervisión y autorización, por escrito, del gobierno del estado, en el caso de los municipios, y del gobierno federal en el caso de los estados, como ya ocurre en la gestión del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, en Puebla.

Expuso que los recortes en el presupuesto para 2021 serán un nuevo golpe a Estados y municipios, ya que años atrás se impulsó la desaparición del Ramo 23, que permitía contar con obras y servicios prioritarios en las localidades menos desarrolladas, por lo que los nuevos recortes, “pegarán de lleno a los más desprotegidos, a los olvidados de siempre” y son “abusivos”; llamó a los mexicanos a interesarse en el tema ante el impacto en su vida cotidiana y en su calidad de vida.

Ante este escenario, Córdova Morán comparte la visión de quienes señalan que los recortes obedecen a la necesidad creciente de recursos para financiar los proyectos emblemáticos del presidente, entre ellos, el Tren maya, entre otros, y sus programas asistencialistas a la población vulnerable, con lo que dijo, buscan “asegurarse su apoyo y su voto” en los comicios de 2021. Llamó a los mexicanos a respaldar y unirse en la defensa de este presupuesto, como un acto de solidaridad con el país y con su pueblo, e, incluso, luchar juntos contra la amenaza de la dictadura centralizada que representa la cuarta transformación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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