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Afronta Lula otros seis juicios y dos investigaciones

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que el sábado comenzó a cumplir en una celda en la ciudad de Curitiba la pena a 12 años de prisión a la que fue condenado por corrupción y lavado de dinero, tendrá que responder tras las rejas a otros seis procesos y dos investigaciones.

El considerado líder más carismático en la historia de Brasil se entregó el sábado a la policía 48 horas después de que un juez ordenara su detención y fue conducido en la noche a Curitiba, la ciudad del sur del país en la que purgará la condena en una celda especial y aislada de los demás presos.

Los demás líos en los tribunales del actual líder de todos los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil continuarán su curso con el acusado en prisión.

En el caso que lo mandó a la cárcel, la Justicia dio por probado que Lula favoreció a la constructora OAS en contratos con Petrobras y que la empresa lo recompensó con un lujoso apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo.

El juez federal decimotercero de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, responsable por el caso de las corruptelas en Petrobras y que condenó a Lula en uno de los procesos derivados de esta investigación, concluyó que Lula recibió de la OAS ventajas indebidas por 2.4 millones de reales (unos 730 mil dólares).
SOSPECHOSO DE MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN
El mismo Moro aceptó en agosto pasado la denuncia de la Fiscalía en otro proceso en que Lula también está acusado de corrupción y lavado de dinero por las obras que constructoras favorecidas en contratos de Petrobras hicieron en una casa de campo frecuentada por la familia de Lula en la ciudad de Atibaia.
El mismo juez instruye un tercer proceso, en el que Lula también ya fue imputado y figura como reo desde diciembre de 2016, en el que el expresidente fue acusado de haber recibido de la constructora Odebrecht, también beneficiada de los desvíos en Petrobras, un terreno en la ciudad de Sao Paulo en el que erguiría la sede del Instituto Lula.

Otros cuatro procesos en los que Lula igualmente fue imputado están en las manos del juzgado décimo federal de Brasilia.

En uno fue acusado de haber intentado comprar el silencio de Néstor Cerveró, un exalto funcionario de Petrobras que está preso por su responsabilidad en el escándalo, para que no lo implicara en las corruptelas.

En otro fue imputado por supuestamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

En el tercero se le acusó de recibir sobornos, mediante un contrato supuestamente ficticio por 2.5 millones de reales (unos 757 mil dólares) que benefició a la empresa de unos de sus hijos, a cambio de prorrogar un decreto que concedía incentivos fiscales a fabricantes de vehículos.

Y en el último fue imputado por supuestamente haber favorecido a la empresa aeronáutica sueca Saab en un billonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.

La Fiscalía investiga otras dos denuncias contra el expresidente que igualmente pueden convertirse en nuevos procesos, en una de las cuales es acusado de liderar una «organización criminal» montada por el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiarse de contratos públicos.

En la otra investigación se le acusó de obstrucción a la justicia por la supuesta presión que hizo para que la entonces presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, lo nombrara como ministro de la Presidencia en un intento de obtener el fuero privilegiado y transferir todos sus procesos a la Corte Suprema, en donde los trámites son más lentos.

La entrega de Lula a la Policía y su reclusión en Curitiba puso fin a la tensa situación generada desde que Moro ordenó el jueves la detención del dirigente socialista.

Tras casi 48 horas acuartelado en el sindicato en el que inició su carrera política y 26 desde que concluyó el plazo que le había dado la Justicia para entregarse, el antiguo líder sindical se entregó a la Policía en la noche del sábado.

Nota Principal

Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.

Una emergencia nacional para deportaciones masivas

Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».

Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».

El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.

Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes.  A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.

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Migrantes Créditos: Cuartoscuro

Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva

La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.

En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.

Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.

Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.

Cuartoscuro
Migrantes Créditos: Cuartoscuro

Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.

«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Cuartos
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas Créditos: Cuartos

En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.

Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.

«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.

Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.

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