El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que el sábado comenzó a cumplir en una celda en la ciudad de Curitiba la pena a 12 años de prisión a la que fue condenado por corrupción y lavado de dinero, tendrá que responder tras las rejas a otros seis procesos y dos investigaciones.

El considerado líder más carismático en la historia de Brasil se entregó el sábado a la policía 48 horas después de que un juez ordenara su detención y fue conducido en la noche a Curitiba, la ciudad del sur del país en la que purgará la condena en una celda especial y aislada de los demás presos.

Los demás líos en los tribunales del actual líder de todos los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil continuarán su curso con el acusado en prisión.

En el caso que lo mandó a la cárcel, la Justicia dio por probado que Lula favoreció a la constructora OAS en contratos con Petrobras y que la empresa lo recompensó con un lujoso apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo.

El juez federal decimotercero de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, responsable por el caso de las corruptelas en Petrobras y que condenó a Lula en uno de los procesos derivados de esta investigación, concluyó que Lula recibió de la OAS ventajas indebidas por 2.4 millones de reales (unos 730 mil dólares).
SOSPECHOSO DE MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN
El mismo Moro aceptó en agosto pasado la denuncia de la Fiscalía en otro proceso en que Lula también está acusado de corrupción y lavado de dinero por las obras que constructoras favorecidas en contratos de Petrobras hicieron en una casa de campo frecuentada por la familia de Lula en la ciudad de Atibaia.
El mismo juez instruye un tercer proceso, en el que Lula también ya fue imputado y figura como reo desde diciembre de 2016, en el que el expresidente fue acusado de haber recibido de la constructora Odebrecht, también beneficiada de los desvíos en Petrobras, un terreno en la ciudad de Sao Paulo en el que erguiría la sede del Instituto Lula.

Otros cuatro procesos en los que Lula igualmente fue imputado están en las manos del juzgado décimo federal de Brasilia.

En uno fue acusado de haber intentado comprar el silencio de Néstor Cerveró, un exalto funcionario de Petrobras que está preso por su responsabilidad en el escándalo, para que no lo implicara en las corruptelas.

En otro fue imputado por supuestamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

En el tercero se le acusó de recibir sobornos, mediante un contrato supuestamente ficticio por 2.5 millones de reales (unos 757 mil dólares) que benefició a la empresa de unos de sus hijos, a cambio de prorrogar un decreto que concedía incentivos fiscales a fabricantes de vehículos.

Y en el último fue imputado por supuestamente haber favorecido a la empresa aeronáutica sueca Saab en un billonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.

La Fiscalía investiga otras dos denuncias contra el expresidente que igualmente pueden convertirse en nuevos procesos, en una de las cuales es acusado de liderar una «organización criminal» montada por el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiarse de contratos públicos.

En la otra investigación se le acusó de obstrucción a la justicia por la supuesta presión que hizo para que la entonces presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, lo nombrara como ministro de la Presidencia en un intento de obtener el fuero privilegiado y transferir todos sus procesos a la Corte Suprema, en donde los trámites son más lentos.

La entrega de Lula a la Policía y su reclusión en Curitiba puso fin a la tensa situación generada desde que Moro ordenó el jueves la detención del dirigente socialista.

Tras casi 48 horas acuartelado en el sindicato en el que inició su carrera política y 26 desde que concluyó el plazo que le había dado la Justicia para entregarse, el antiguo líder sindical se entregó a la Policía en la noche del sábado.