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Agentes del Cisen y de inteligencia solaparon la fuga

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Dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y tres de la División de Inteligencia de la Policía Federal encubrieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio.

El viernes la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ejercitó acción penal contra siete servidores públicos como responsables de no haber emitido de manera oportuna la alerta para que personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) activaran los protocolos de emergencia para evitar la evasión de Guzmán Loera, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Ayer, las fuentes consultadas revelaron que de los siete consignados, tres de ellos formaban parte de la División de Inteligencia de la Policía Federal y su encomienda era estar atentos a las cámaras que operan en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, del Altiplano, y particularmente del área y dormitorio de Guzmán Loera.

Los otros dos consignados, laboraban en el Cisen; su tarea, señalaron los funcionarios entrevistados, era vigilar en todo momento los monitores que recibían de manera directa la imagen del líder del cártel de Sinaloa.

Los registros gubernamentales no contienen datos sobre la trayectoria, asignación departamental y rango de los cinco funcionarios que laboraban en estas áreas, consideradas órganos fundamentales de las tareas de inteligencia del Estado mexicano.

En los registros de transparencia los nombres de los consignados no aparecen debido a que sus áreas manejan información sensible.

Sin embargo, registros judiciales señalan que los consignados por la PGR son: Carlos Sánchez García, Esteban Estrada Ramírez, Vicente Flores Hernández, José Daniel Aureoles Tabares, Emmanuel Galicia Conchillos, Alberto Aguilar Morales y Juan Cuarenta Orozco.

Dos de ellos laboraban directamente en el Cefereso del Altiplano, el primer centro penitenciario de alta seguridad en México, construido entre 1988 y 1990, y que entró en operación el 25 de mayo de 1991.

Los cinco funcionarios del área de inteligencia laboraban en la capital del país.

La detención de los tres ex integrantes de la División de Inteligencia de la Policía Federal está relacionada con el cambio de adscripción de Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera uno de los hombres importantes en el esquema operativo del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya que allí ocupó áreas como la División Antidrogas.

Es uno de los altos mandos de esa corporación que han continuado laborando en órganos dependientes de la Secretaría de Gobernación tras la conclusión del gobierno de Felipe Calderón.

Pequeño García fue removido de su cargo el pasado 14 de julio y solamente se informó que se le designó como nuevo titular de la División Científica de la Policía Federal.

En el área que tenía bajo su mando Pequeño García se coordina y dirigeun centro de inteligencia que aporta información para la realización de operativos de la institución (la Policía Federal) y dirige acciones en materia de inteligencia para la prevención, y, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, combate a la delincuencia mediante los sistemas de coordinación” a nivel federal.

En tanto, el Cisen es considerado “un órgano de inteligencia civil, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho.

El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país.

La Jornada

México

México acordó con Estados Unidos liberar agua del Río Bravo desde el 15 de diciembre

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El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.

El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.

En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.

Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.

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