Dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y tres de la División de Inteligencia de la Policía Federal encubrieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio.

El viernes la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ejercitó acción penal contra siete servidores públicos como responsables de no haber emitido de manera oportuna la alerta para que personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) activaran los protocolos de emergencia para evitar la evasión de Guzmán Loera, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Ayer, las fuentes consultadas revelaron que de los siete consignados, tres de ellos formaban parte de la División de Inteligencia de la Policía Federal y su encomienda era estar atentos a las cámaras que operan en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, del Altiplano, y particularmente del área y dormitorio de Guzmán Loera.

Los otros dos consignados, laboraban en el Cisen; su tarea, señalaron los funcionarios entrevistados, era vigilar en todo momento los monitores que recibían de manera directa la imagen del líder del cártel de Sinaloa.

Los registros gubernamentales no contienen datos sobre la trayectoria, asignación departamental y rango de los cinco funcionarios que laboraban en estas áreas, consideradas órganos fundamentales de las tareas de inteligencia del Estado mexicano.

En los registros de transparencia los nombres de los consignados no aparecen debido a que sus áreas manejan información sensible.

Sin embargo, registros judiciales señalan que los consignados por la PGR son: Carlos Sánchez García, Esteban Estrada Ramírez, Vicente Flores Hernández, José Daniel Aureoles Tabares, Emmanuel Galicia Conchillos, Alberto Aguilar Morales y Juan Cuarenta Orozco.

Dos de ellos laboraban directamente en el Cefereso del Altiplano, el primer centro penitenciario de alta seguridad en México, construido entre 1988 y 1990, y que entró en operación el 25 de mayo de 1991.

Los cinco funcionarios del área de inteligencia laboraban en la capital del país.

La detención de los tres ex integrantes de la División de Inteligencia de la Policía Federal está relacionada con el cambio de adscripción de Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera uno de los hombres importantes en el esquema operativo del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya que allí ocupó áreas como la División Antidrogas.

Es uno de los altos mandos de esa corporación que han continuado laborando en órganos dependientes de la Secretaría de Gobernación tras la conclusión del gobierno de Felipe Calderón.

Pequeño García fue removido de su cargo el pasado 14 de julio y solamente se informó que se le designó como nuevo titular de la División Científica de la Policía Federal.

En el área que tenía bajo su mando Pequeño García se coordina y dirigeun centro de inteligencia que aporta información para la realización de operativos de la institución (la Policía Federal) y dirige acciones en materia de inteligencia para la prevención, y, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, combate a la delincuencia mediante los sistemas de coordinación” a nivel federal.

En tanto, el Cisen es considerado “un órgano de inteligencia civil, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho.

El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país.

La Jornada