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Agentes del Cisen y de inteligencia solaparon la fuga

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Dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y tres de la División de Inteligencia de la Policía Federal encubrieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio.

El viernes la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ejercitó acción penal contra siete servidores públicos como responsables de no haber emitido de manera oportuna la alerta para que personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) activaran los protocolos de emergencia para evitar la evasión de Guzmán Loera, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Ayer, las fuentes consultadas revelaron que de los siete consignados, tres de ellos formaban parte de la División de Inteligencia de la Policía Federal y su encomienda era estar atentos a las cámaras que operan en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, del Altiplano, y particularmente del área y dormitorio de Guzmán Loera.

Los otros dos consignados, laboraban en el Cisen; su tarea, señalaron los funcionarios entrevistados, era vigilar en todo momento los monitores que recibían de manera directa la imagen del líder del cártel de Sinaloa.

Los registros gubernamentales no contienen datos sobre la trayectoria, asignación departamental y rango de los cinco funcionarios que laboraban en estas áreas, consideradas órganos fundamentales de las tareas de inteligencia del Estado mexicano.

En los registros de transparencia los nombres de los consignados no aparecen debido a que sus áreas manejan información sensible.

Sin embargo, registros judiciales señalan que los consignados por la PGR son: Carlos Sánchez García, Esteban Estrada Ramírez, Vicente Flores Hernández, José Daniel Aureoles Tabares, Emmanuel Galicia Conchillos, Alberto Aguilar Morales y Juan Cuarenta Orozco.

Dos de ellos laboraban directamente en el Cefereso del Altiplano, el primer centro penitenciario de alta seguridad en México, construido entre 1988 y 1990, y que entró en operación el 25 de mayo de 1991.

Los cinco funcionarios del área de inteligencia laboraban en la capital del país.

La detención de los tres ex integrantes de la División de Inteligencia de la Policía Federal está relacionada con el cambio de adscripción de Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera uno de los hombres importantes en el esquema operativo del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya que allí ocupó áreas como la División Antidrogas.

Es uno de los altos mandos de esa corporación que han continuado laborando en órganos dependientes de la Secretaría de Gobernación tras la conclusión del gobierno de Felipe Calderón.

Pequeño García fue removido de su cargo el pasado 14 de julio y solamente se informó que se le designó como nuevo titular de la División Científica de la Policía Federal.

En el área que tenía bajo su mando Pequeño García se coordina y dirigeun centro de inteligencia que aporta información para la realización de operativos de la institución (la Policía Federal) y dirige acciones en materia de inteligencia para la prevención, y, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, combate a la delincuencia mediante los sistemas de coordinación” a nivel federal.

En tanto, el Cisen es considerado “un órgano de inteligencia civil, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho.

El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país.

La Jornada

Chihuahua

Maru Campos encabeza primera Mesa de Seguridad en la Torre Centinela

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La gobernadora Maru Campos encabezó este día la primera Mesa Estatal de Construcción de Paz en las instalaciones de la torre Centinela, en Ciudad Juárez, donde se destacaron los resultados obtenidos gracias al trabajo coordinado entre Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

En el informe presentado durante la sesión se resaltó la obtención de dos sentencias históricas de 600 años y 845 años contra secuestradores de personas migrantes. Adicionalmente se obtuvo una condena de 50 años por secuestro exprés.

La estadística indica que durante 2025 se realizaron 203 cateos, en tanto que, en lo que va de 2026 se han concretado 340 eventos, gracias a la colaboración con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En lo que compete a feminicidios, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se logró una reducción del 50 por ciento en el número de casos registrados durante el primer semestre de 2026, en comparación al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se dio a conocer la disminución anual en el número de víctimas de homicidio doloso en Juárez, en el lapso comprendido entre septiembre de 2021 a la fecha, al pasar de 4 a 2 víctimas diarias, lo que significa una reducción del 50 por ciento.

Se informó que hubo un incremento del 225 por ciento en órdenes de aprehensión ejecutadas, del 76 por ciento en carpetas de investigación judicializadas y del 56 por ciento en carpetas con sentencia condenatoria.

Desde el inicio de la administración a la fecha se han decomisado mil 145 armas, lo que refleja la voluntad del Gobierno del Estado y el Ejército Mexicano para disminuir la incidencia delictiva entre las y los jóvenes.

Finalmente se detalló que tanto la Sedena como la SSPE instalaron una base de operaciones permanente en la comunidad de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe, con el objetivo de proporcionar apoyo, crear un ambiente de paz y seguridad así como disminuir la percepción de inseguridad en la región.

En la reunión estuvieron presentes Gilberto Loya, titular de la SSPE; Francisco Sáenz, encargado de despacho de la FGE; Fernando Colchado, comandante de la XI Región Militar; Carlos Manuel Salas, fiscal de la Zona Norte; David López, comandante de la 42 Zona Militar y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el comandante de la 5ª Zona Militar, Felipe González; la delegada del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco y la representante de la Fiscalía General de la República, Andrea Guzmán.

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