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Agentes del Cisen y de inteligencia solaparon la fuga

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Dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y tres de la División de Inteligencia de la Policía Federal encubrieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio.

El viernes la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ejercitó acción penal contra siete servidores públicos como responsables de no haber emitido de manera oportuna la alerta para que personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) activaran los protocolos de emergencia para evitar la evasión de Guzmán Loera, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Ayer, las fuentes consultadas revelaron que de los siete consignados, tres de ellos formaban parte de la División de Inteligencia de la Policía Federal y su encomienda era estar atentos a las cámaras que operan en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, del Altiplano, y particularmente del área y dormitorio de Guzmán Loera.

Los otros dos consignados, laboraban en el Cisen; su tarea, señalaron los funcionarios entrevistados, era vigilar en todo momento los monitores que recibían de manera directa la imagen del líder del cártel de Sinaloa.

Los registros gubernamentales no contienen datos sobre la trayectoria, asignación departamental y rango de los cinco funcionarios que laboraban en estas áreas, consideradas órganos fundamentales de las tareas de inteligencia del Estado mexicano.

En los registros de transparencia los nombres de los consignados no aparecen debido a que sus áreas manejan información sensible.

Sin embargo, registros judiciales señalan que los consignados por la PGR son: Carlos Sánchez García, Esteban Estrada Ramírez, Vicente Flores Hernández, José Daniel Aureoles Tabares, Emmanuel Galicia Conchillos, Alberto Aguilar Morales y Juan Cuarenta Orozco.

Dos de ellos laboraban directamente en el Cefereso del Altiplano, el primer centro penitenciario de alta seguridad en México, construido entre 1988 y 1990, y que entró en operación el 25 de mayo de 1991.

Los cinco funcionarios del área de inteligencia laboraban en la capital del país.

La detención de los tres ex integrantes de la División de Inteligencia de la Policía Federal está relacionada con el cambio de adscripción de Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera uno de los hombres importantes en el esquema operativo del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya que allí ocupó áreas como la División Antidrogas.

Es uno de los altos mandos de esa corporación que han continuado laborando en órganos dependientes de la Secretaría de Gobernación tras la conclusión del gobierno de Felipe Calderón.

Pequeño García fue removido de su cargo el pasado 14 de julio y solamente se informó que se le designó como nuevo titular de la División Científica de la Policía Federal.

En el área que tenía bajo su mando Pequeño García se coordina y dirigeun centro de inteligencia que aporta información para la realización de operativos de la institución (la Policía Federal) y dirige acciones en materia de inteligencia para la prevención, y, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, combate a la delincuencia mediante los sistemas de coordinación” a nivel federal.

En tanto, el Cisen es considerado “un órgano de inteligencia civil, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al estado de derecho.

El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país.

La Jornada

Chihuahua

Sheinbaum señala a Chihuahua por operativo con EU sin aval federal

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Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de Chihuahua incurrió en una falta al solicitar la colaboración de autoridades de Estados Unidos en un operativo antidrogas sin la autorización del Ejecutivo federal, en el que murieron dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que su administración no busca generar un conflicto con el Gobierno estadounidense, pero insistió en que cualquier cooperación en materia de seguridad debe apegarse a la Constitución y a las leyes mexicanas. Indicó que el objetivo es garantizar que se cumplan los acuerdos establecidos entre ambas naciones.

Sheinbaum cuestionó las condiciones bajo las cuales se permitió la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en Chihuahua. Señaló que este tipo de colaboración requiere autorización expresa del Ejecutivo federal y consideró que, en este caso, se vulneró el marco legal vigente.

La presidenta responsabilizó al gobierno estatal encabezado por Maru Campos por haber solicitado dicha intervención sin seguir los procedimientos correspondientes. Añadió que también el Gobierno de Estados Unidos, a través de su representación diplomática, debió informar a las autoridades federales mexicanas sobre su participación.

En ese contexto, Sheinbaum informó que la gobernadora de Chihuahua sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar el tema.

La titular del Ejecutivo reiteró sus condolencias por la muerte de los agentes estadounidenses y de los mexicanos involucrados, y destacó que su postura ha sido expresar solidaridad con las familias de las víctimas. Esto luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, solicitara mayor empatía ante los hechos ocurridos en territorio mexicano.

Inicialmente, la Fiscalía de Chihuahua indicó que los agentes estadounidenses regresaban del operativo; posteriormente, aclaró que no participaron directamente en el aseguramiento de un laboratorio de narcotráfico, sino que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia aumentó tras un reporte del diario The Washington Post, que señaló que los dos estadounidenses presuntamente pertenecían a la CIA y habrían brindado apoyo de inteligencia en la operación, en medio de un contexto de presión de Washington hacia México en temas de seguridad. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial adicional por parte de las autoridades federales sobre estos señalamientos

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