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Agregados laborales en México no harán inspecciones: EU

Estados Unidos (EU) descartó la imposición de inspectores para vigilar el acatamiento de las normas laborales en México, en el marco del nuevo Tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC), disipando una creciente controversia.

La polémica se disparó este fin de semana por el proyecto de ley para implementar el T-MEC presentado en el Congreso de Estados Unidos, que establece que funcionarios de ese país vigilarán el cumplimiento de las normas laborales mexicanas.

“Estos agregados no serán ‘inspectores de trabajo’ y cumplirán con todas las leyes mexicanas pertinentes”, aseguró el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, en una carta oficial que presentó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y negociador mexicano del T-MEC.

Lighthizer aclaró que los cinco agregados del Departamento de Trabajo a la Embajada de Estados Unidos en México, que pretende enviar el vecino del Norte, sólo colaborarán con funcionarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil para implementar las reformas laborales.

Recordó que el T-MEC dispone que paneles independientes de tres personas, elegidas respectivamente por los países miembros, lleven a cabo verificaciones in situ si no se respetan los derechos laborales.

En la Embajada de México en Estados Unidos (EU), el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, dio a conocer la carta del Gobierno estadounidense firmada por su representante comercial, Robert Lighthizer, y afirmó estar “muy satisfecho” por la respuesta.

El negociador mexicano del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), mencionó que recibió garantías “categóricas” de Estados Unidos de que sus agregados laborales vigilarán las condiciones del trabajo en México y proporcionarían asistencia técnica, pero “no serán inspectores laborales”.

“Se ganó claridad”, subrayó Seade, descartando la posibilidad de que México niegue el acceso a los agregados estadounidenses. “Estoy seguro de que van a reflejar lo acordado”.

Consultado sobre posibles nuevas críticas al proyecto de ley de implementación en el Congreso estadounidense, Seade afirmó: “No hay otras cosas que hayamos detectado que sean cuestionables”.

El Gobierno de México protestó ante EU por incluir dentro de la ley auxiliar del T-MEC, presentada ante la Cámara de Representantes, la designación de cinco inspectores para evaluar la reforma laboral mexicana.

Fuente: Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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