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Agua de Peñafiel sin riesgos para la salud, asegura Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó que el agua mineral de Peñafiel no representa algún riesgo para la salud de los consumidores.

Al dar a conocer los resultados de laboratorio realizados en lotes de agua mineral sin sabor de la empresa, entre el 24 y el 29 de abril, indicó que este producto contiene entre 0.004 y 0.005 miligramos de arsénico por litro.

Por lo que se encuentra dentro de lo establecido por la NOM-201-SSA1-2015 la cual, entre otras especificaciones, indica que el límite máximo permisible de arsénico es de 0.01 miligramos por litro.

“Con el estudio se concluye que el producto agua mineral sin sabor no representa riesgo para la salud de los consumidores”, enfatizó la Profeco a través de un comunicado.

La compañía Peñafiel afirmó que el arsénico es un mineral que se encuentra en la naturaleza, es decir, está presente en el aire, en el suelo y en distintos alimentos de consumo diario, cuyos niveles varían de acuerdo a distintos factores.

Por ello, la empresa negó que sus productos tengan restricciones de venta o de consumo en Estados Unidos, ya que están apegados a cada una de las normas y regulaciones vigentes.

De hecho, señaló que la Food and Drug Administration (FDA) establece un rango de 10 partes por billón, el mismo que aplica para la Norma Oficial Mexicana de Agua Mineral, el cual es un valor guía emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Grupo Peñafiel indicó que constantemente colaboran con instancias gubernamentales correspondientes como Cofepris y Profeco para revisar sus productos.

“Nuestro producto de agua mineral sin sabor estaba en 17 partes por billón, es importante clarificar que la cifra responde a ligeras variaciones propias del agua mineral, sin representar un riesgo para la salud, ya que se encuentran por debajo de los límites permisibles”, señaló Peñafiel.

Sin embargo, como parte de los procesos de manufactura de Grupo Peñafiel, continuamente realizan diferentes verificaciones, muestreos, actualizaciones y mejoras en sus estándares de calidad y seguridad alimentaria, acorde a las metodologías actuales más exigentes.

“Estamos altamente comprometidos con la transparencia, calidad y seguridad en nuestros productos, siempre apegados a cada una de las normas y regulaciones vigentes, por lo cual constantemente colaboramos con las instancias gubernamentales correspondientes, como Cofepris y Profeco”.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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