El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causó una relevante polémica al exponer la portada de un diario de circulación nacional, pues dio la impresión de que se había burlado de un tema relacionado con la violencia en el país.
“Ahí están las masacres je, je, je… este”, comentó el mandatario mexicano durante su conferencia matutina, en la cual mostró la primera plana del diario Reforma. Esto generó la reacción de los usuarios de redes sociales, quienes increparon al titular del Ejecutivo Federal por reírse de un tema que les parece grave y el cual ha afectado a miles de familias a lo largo del territorio nacional.
“Oigan, esto ya no es gracioso. Esto nos debe preocupar a todos, es realmente perturbador, es el Primer Mandatario, ¡caray!”, comentó una usuaria. La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, también reaccionó al comentario diciendo que el presidente es un “sinvergüenza. Así de simple”.
Cabe recordar que durante su segundo Informe de Gobierno, el 1 de septiembre, López Obrador destacó los avances que su administración ha logrado en términos de seguridad e incluso declaró que en México “ya no hay masacres”, a lo cual el diario mostró una postura contraria en su edición del 18 de septiembre.
Sin embargo, el medio de comunicación no fue el único que lo contradijo, pues el mismo día en que entregó su Informe, la realidad desmintió el discurso oficial, ya que en Cuernavaca, Morelos, ocho personas perdieron la vida y 14 resultaron lesionadas, luego de que un comando atacara un velorio, en la Colonia Antonio Barona.
Este hecho fue en la Calle Lázaro Cárdenas esquina Vicente Guerrero, de la Colonia Antonio Barona, en donde se desarrollaba un velorio por la muerte de un hombre en un accidente sobre el Paso Exprés de Cuernavaca, quien viajaba a bordo de una motocicleta. Al sitio donde el sujeto era despedido, arribaron varias personas a bordo de distintos vehículos y accionaron armas largas de uso exclusivo del Ejército.
En la vía pública se localizaron los cuerpos sin vida de cuatro personas, quienes fueron identificadas como Edgar Alexander “N” de 18 años, Roberto Eduardo “N” de 21, Marcelino Alejandro “N” de 18, y el menor D.J.L. de 16.
Uno de los estados más azotados por la violencia ha sido Guanajuato. (Foto: EFE)
Otro ejemplo de ataques por parte de grupos armados que dejaron escenas de terror entre la población sucedió este 17 de septiembre en Celaya, Guanajuato, donde el gobierno informó sobre el asesinato indiscriminado de los asistentes de un velorio en la colonia Ejidal.
Asimismo, en Huetamo, Michoacán, el 23 de mayo, se encontraron 12 cadáveres con signos de tortura dentro de una camioneta. O el del 20 de junio, en Caborca, Sonora, localidad en que un enfrentamiento entre civiles armados dejó a 11 personas muertas, así como la quema de casas, autos y una gasolinera.
Un caso más se dio el 22 de junio, en San Mateo del Omar, Oaxaca, en donde un ataque armado contra pobladores dejó como saldo 15 muertos, además de múltiples personas heridas. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, varias víctimas fueron quemadas y torturadas.
Pero el caso más emblemático sucedió en noviembre de 2019 en Bavispe, en los límites de Sonora y Chihuahua, en donde un grupo armado asesinó a nueve integrantes de la familia LeBarón, entre ellos seis niños.
El Partido Acción Nacional acusó que la investigación oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca carece de credibilidad y podría estar encubriendo responsabilidades de mayor jerarquía dentro del proyecto ferroviario.
A través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el PAN sostuvo que la Fiscalía General de la República presentó de manera anticipada una versión definitiva del accidente, en la que se atribuye la causa exclusivamente a errores del personal operativo, pese a la existencia de indicios que apuntan a fallas estructurales, deficiencias técnicas y omisiones en la supervisión.
Romero subrayó que el Tren Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la infraestructura, el mantenimiento, los protocolos de seguridad y la operación general del sistema. En ese sentido, consideró inaceptable que la investigación descarte desde el inicio posibles fallas institucionales o responsabilidades administrativas de alto nivel.
El dirigente panista recordó que, tras la conferencia ofrecida por la FGR el 27 de enero, comenzaron a circular fragmentos del expediente que revelan diversas irregularidades. Entre ellas se mencionan deficiencias en los sistemas de control de velocidad, equipos obsoletos, fallas de comunicación, cámaras de vigilancia fuera de servicio y condiciones deterioradas tanto en los vagones como en algunos tramos de la vía.
El PAN también advirtió que en el expediente se hace referencia a personal ferroviario que no contaba con licencias vigentes ni con exámenes médicos actualizados, una situación que posteriormente fue reconocida por la propia Secretaría de Marina.
Ante este panorama, el partido exigió la realización de un peritaje independiente y transparente, y pidió que no se proteja a ningún responsable. Consideró que judicializar únicamente a trabajadores operativos representa un intento de cerrar el caso sin esclarecer las causas de fondo del accidente.
En paralelo, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista principal del tren descarrilado. La captura se realizó el 26 de enero en Palenque, Chiapas, y fue confirmada un día después.
De acuerdo con el peritaje oficial presentado por la fiscal Ernestina Godoy, el exceso de velocidad fue la causa determinante del accidente. La investigación señala que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona con límite de 50, alcanzando picos de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos. La FGR descartó fallas mecánicas y aseguró que el sistema de frenado funcionaba correctamente.
El maquinista enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas. La detención ha generado controversia al coincidir con las denuncias del PAN sobre un posible encubrimiento a mandos superiores responsables de la operación ferroviaria.