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México

Ahora fue Tamaulipas, autoridades hallan 23 muertos

 

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo.- La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informaron ayer el hallazgo de 23 personas muertas en Nuevo Laredo.

La reaparición de la violencia en territorio tamaulipeco se suma a la de Sinaloa, donde en la semana fueron reportadas 26 personas que perdieron la vida durante enfrentamientos entre el Ejército y narcotraficantes, y a la de Veracruz, donde en cinco días han sido asesinados cuatro periodistas y un civil.

Sobre Nuevo Laredo, la Policía Ministerial dio a conocer que a las 1:30 horas de ayer fueron encontrados colgados en un puente nueve cadáveres, entre ellos, el de cuatro mujeres, cuyas edades se calculan entre 25 y 30 años.

Más tarde, a las 8:57 horas, las autoridades estatales localizaron una camioneta en cuyo interior había 14 cuerpos decapitados. Todos eran hombres de entre 25 y 30 años. Tres horas más tarde se encontraron las cabezas en hieleras, cerca de la Presidencia Municipal.

Por esos hechos el gobierno federal se comprometió a reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en el estado, ante la ineficacia de la autoridad local.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, se comunicó con el mandatario tamaulipeco Egidio Torre Cantú para anunciarle el nuevo apoyo federal contra la delincuencia organizada.

 

Crimen deja 23 muertos en Tamaulipas

La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmaron la muerte de 23 personas, como resultado de la jornada violenta que se vivió en el municipio de Nuevo Laredo.

Ayer por la tarde se dieron a conocer los acontecimientos que mantienen en alerta a la población de esa localidad y de sus alrededores.

La Policía Ministerial del estado registró un primer reporte a las 01:30 horas del viernes, donde se informó que en el puente ubicado sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio con Carretera Nacional, se encontraron los cuerpos de nueve personas sin vida.

El fiscal investigador en turno informó que en el lugar citado dio fe de nueve cuerpos suspendidos del puente, cinco de ellos del sexo masculino y cuatro del sexo femenino, cuyas edades se estiman entre 25 y 30 años, sin documentos que permitan identificarlos.

De acuerdo con gráficas dadas a conocer en diversos medios de la localidad, se observa que los cinco hombres vestían pantalón de mezclilla; tres de ellos con camisa blanca, otro camisa azul y uno más una color crema.

Dos de las mujeres portaban pantalón de mezclilla y una pantalón a cuadros; los cuerpos presentaban las manos atadas hacia atrás y siete de ellos con los ojos vendados.

En el lugar de los hechos fue colocada una lona, en la que se acusaba a los fallecidos de ser los responsables de haber colocado un coche-bomba el pasado 24 de abril frente a las instalaciones de Seguridad Pública en la localidad, y señalaba que algunos otros habían escapado, pero que pronto serían capturados.

Según versiones de periódicos locales, la autoría intelectual del citado coche-bomba fue del grupo delictivo encabezado por Joaquín El ChapoGuzmán, quien se presume busca ganarle a Los Zetas la plaza de Nuevo Laredo.

Nuevo hallazgo

Un segundo reporte se recibió a las 08:57 horas de ayer en el que la Policía Ministerial informó que en la calle Candela, entre las avenidas César López de Lara y Donato Guerra, en la colonia Jardín, se localizó estacionada una camioneta marca General Motors color gris con guinda, modelo 1993.

En el interior se encontraron bolsas de plástico que contenían 14 cuerpos decapitados del sexo masculino, cuyas edades se estiman entre 25 y 30 años.

Posteriormente, como a las 11:05 horas, se confirmó la presencia de tres hieleras abandonadas cerca de la presidencia municipal, conteniendo las cabezas de las víctimas halladas en la camioneta referida.

Ante estos hechos, el Grupo de Coordinación Regional Operativa de Nuevo Laredo extremó medidas para reforzar la vigilancia en esa ciudad. En este grupo participan los cuerpos de Seguridad Pública federal, estatal y municipal.

El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre, confirmó que se renovará el convenio firmado con el gobierno federal para la permanencia de los 2 mil 790 militares que actualmente cumplen funciones de policías preventivos en 22 municipios de la entidad.

“Se van a quedar aquí, lo vamos a renovar, éste es un tema que ya lo tenemos plenamente revisado y acordado; la semana pasada inclusive platiqué con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, al respecto y el tema es de agenda, o sea el convenio está listo, el refrendo está listo, lo único que falta es la agenda del secretario de Gobernación que se lo permita para la firma”, explicó.

Respecto de la violencia en la entidad, dirigentes estatales del PRD han dicho que las políticas en materia de seguridad pública en Tamaulipas han sido insuficientes.

Violencia sin fin

La situación de violencia en la entidad gobernada por Egidio Torre Cantú está fuera de control. El pasado 17 de abril también fueron hallados 14 cuerpos descuartizados en un vehículo estacionado a un costado de la alcaldía con un mensaje presuntamente firmado por El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, que anunciaba su llegada a la ciudad para limpiarla de Los Zetas.

El Ejército asumió desde hace un año las labores de seguridad pública en la urbe debido a la corrupción de las policías de la zona.

El recrudecimiento de la violencia en Nuevo Laredo está relacionado con una mayor presión de las autoridades contra líderes de Los Zetas, encabezado por Heriberto Lazcano Lazcano, y los enfrentamientos entre los cárteles rivales. 

El Ejército ha golpeado en las últimas semanas a Los Zetas, y en uno de sus operativos murió Francisco Medina Mejía, alias El Quemado, el 4 de abril.

El 14 de marzo, los soldados capturaron a Carlos Martínez Escobedo, El Fabiruchis, quien había asumido la dirección en la zona.

 

La Segob y el estado activan plan conjunto

El gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), puso en marcha junto con el gobierno de Tamaulipas mecanismos de seguimiento y coor-
dinación en materia de seguridad, a fin de atender los hechos de violencia perpetrados en la entidad que dejaron un saldo hasta el momento de por lo menos 23 muertos.

Así lo dio a conocer la dependencia federal, luego de que su titular, Alejandro Poiré, se comunicó con el gobernador Egidio Torre Cantú para evaluar la situación, en Nuevo Laredo, donde aparecieron los cuerpos decapitados de 14 personas dentro de una camioneta tipo van, así como nueve cadáveres más colgados del Puente Colosio, ubicado en el cruce de bulevar Colosio y Carretera Nacional.

“Ambos funcionarios refrendaron el compromiso de la Federación y del gobierno del estado para continuar combatiendo, en estrecha colaboración y coordinación, a los delincuentes responsables de la violencia que se ha suscitado en Nuevo Laredo.”

Para ello, el secretario Poiré reiteró al mandatario estatal el respaldo de las fuerzas federales para coadyuvar en la seguridad en el estado y el apoyo de las autoridades federales para colaborar en su caso en las investigaciones que se realizan, detallo la Segob.

Igualmente se informó que el titular de la Segob y el gobernador de la entidad acordaron mantener comunicación permanente para dar seguimiento a este asunto.

Apenas este jueves, el encargado de la política interna del país, se había comunicado vía telefónica con los mandatarios de Veracruz y Sinaloa donde también se registraron hechos de violencia que incluyeron la ejecución de tres periodistas gráficos, así como balaceras entre fuerzas de seguridad federales y estatales contra células delictivas.

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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