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México

Al menos 127 periodistas fueron asesinados en 17 años en el país: CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que en el periodo de 2000 al 16 de mayo de 2017 se han registrado 127 homicidios de periodistas.

Tras la presentación de las tres líneas de acción del gobierno federal para garantizar el ejercicio periodístico y protección a defensores de derechos humanos, la CNDH presentó a la federación las cifras sobre las agresiones a comunicadores así como de los estados con mayor número de estos eventos.

De acuerdo con información del organismo, de 2005 al 16 de mayo de 2017 se contabilizaron 20 desapariciones de reporteros.

Mientras que de 2006 al 16 de mayo de 2017 se reportaron 51 atentados a medios de comunicación, aseguró el reporte sobre el Estado de la Libertad de Expresión en México.

Ante este escenario, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aseguró que la falta de capacitación y de infraestructura en los estados ayudó a que la impunidad en los casos de ataques contra reporteros aumentara en los últimos años.

“Se ha debido a falta de capacitación, se ha debido a falta de infraestructura adecuada, se ha debido a indolencias para, lo que hoy se anunció, se hubiera anunciado hace mucho tiempo.

“Entonces, pero, partamos de que hoy se anuncia, y que estaremos atentos a los gobernadores. Yo he venido insistiendo, pongámosle atención a los gobiernos, que sean gobiernos responsables de lo que protestaron cumplir.

Las quejas por agresiones a periodistas en el periodo del 1 de enero de 2010 al 30 de abril de 2017 se contabilizaron 645.

Veracruz encabeza la lista de los Estados donde más ataques a reporteros se tienen con 20 casos, Oaxaca con 15, Tamaulipas con 14, Guerrero con 14, Chihuahua con 14 y Sinaloa con siete.

MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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