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México

Alarmante, aumento del alcoholismo en menores de edad, advierten en San Lázaro

El alcoholismo en México es un grave problema de salud pública cuya incidencia no ha disminuido, por el contrario, se ha multiplicado de manera preocupante, plantearon funcionarios, expertos y legisladores en la Cámara de Diputados.

En el marco de un foro temático, Juan Arturo Sabines, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco y el Alcohol de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), apuntó que entre la población de 12 a 65 años, el consumo excesivo de alcohol se ha incrementado en 73 por ciento.

En la población menor de edad, el abuso de bebidas alcohólicas aumentó en 107 por ciento, pese a que está prohibida la venta de esos productos a menores de 18 años. La problemática se agrava entre las adolescentes, remarcó.

“En donde se observa un incremento en el caso de la población general de 12 a 65, de un 73 por ciento. Es decir, teníamos nueve millones de consumidores con consumo excesivo, y pasamos a 16.8 millones de consumidores”, expuso.

“Pero si nos centramos en la población menor de edad y recordemos que está prohibida la comercialización y distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad, vemos que hay un incremento del 107 por ciento. Es decir, ellos pasaron de poco más de medio millón de personas, al millón completo de personas”, abundó.

“Y si entramos en el análisis de las adolescentes del sexo femenino, podemos ver que pasan del 2.2 por ciento al 7.7 por ciento, es decir, un incremento del 277 por ciento”, alertó.

En el foro “Impacto del Alcoholismo en los ámbitos de seguridad pública, justicia y penitenciario”, organizado en San Lázaro, expertos, legisladores y funcionarios públicos señalaron que en el mundo, el consumo desmedido de alcohol provoca más muertes que la violencia y que enfermedades como el VIH Sida y la tuberculosis juntas.

Recalcaron que cada año 3.3 millones de personas mueren por causas asociadas al exceso en el consumo de alcohol, lo que equivale al seis por ciento de las muertes en el mundo.

En su intervención, Roberto Karam, presidente de la Junta de Custodios de la Central Mexicana Alcohólicos Anónimos, refirió que datos del Servicio Médico Forense, apuntan a que en 2016 de las 11 mil 356 muertes registradas ante esa instancia, en el 8.6 por ciento de los casos se encontró la presencia de sustancias ajenas al organismo.

En el 67 por ciento de esos casos, la sustancia detectada fue el alcohol, de modo que dos de cada tres muertes en las que el SEMEFO detectó ese tipo de agentes, estuvo asociada al abuso de las bebidas alcohólicas.

A su vez, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Lizárraga, manifestó que en el 50 por ciento de los accidentes viales en México, el consumo excesivo de alcohol fue determinante.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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