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Alberto Fujimori, expresidente de Perú, sale de prisión

Alberto Fujimori salió del penal de «Barbadillo», en sus sus primeras imagenes en libertad se aprecia al expresidente utilizando puntillas nasales para respirar oxígeno medicinal.

Lima.- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.

La liberación de Fujimori se da luego de permanecer 14 años en prisión, pues en 2009 fue encarcelado debido a que se le responsabilizó de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, las cuales sucedieron el 3 de noviembre de 1991 y en donde murieron alrededor de 15 personas a manos de elementos del Grupo Colina, un destacamento militar formado por miembros de las Fuerzas Armadas de Perú. Debido a estos crímenes Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.

A 14 años de haber pisado prisión, Fujimori abandonó el penal de«Barbadillo» con unas puntillas nasales que proveen de oxígeno, un día después de que se conociera que el TC dispuso «la inmediata libertad del favorecido» al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija, Keiko Fujimori, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, y a su hijo Kenji.

Saludó a algunos de los presentes cercanos a la familia, a la defensa y al partido, y entró en un vehículo gris con sus hijos y su nuera.

Cuando el exjefe de Estado dejó atrás el último control del penal, decenas de seguidores que lo esperaron durante toda la jornada lo recibieron con vítores, música y fuegos artificiales.

Pero la expectativa de su liberación era tal, que el coche se quedó retenido durante cerca de 30 minutos sin apenas poder avanzar por las calles próximas, rodeado de seguidores, policías y prensa que rodearon el vehículo.

Medios locales indicaron que el expresidente se encamina hacia el domicilio de Keiko Fujimori, en el barrio residencial de San Borja.

La liberación de Fujimori se retrasó durante varias horas, debido a un problema biométrico en el penal de Barbadillo, donde están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este martes la libertad inmediata de Fujimori y la resolución, que fue firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró «fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso».

El Constitucional tomó esta decisión después de que un juzgado de la región sureña de Ica declaró el viernes pasado improcedente una primera resolución suya que restablecía el indulto.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este miércoles una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al exgobernante, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La resolución, firmada por el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, requiere a Perú que no libere a Fujimori hasta que la Corte Interamericana «cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022».

En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel. EFE

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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