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Alcalde de Jojutla ordenó a Los Rojos asesinar a síndica

La síndica del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, sobrevivió a una “sentencia de muerte”.

El diario Reforma informó este sábado que sicarios de la organización criminal Los Rojos planearon la ejecución de la síndica de Jojutla, Abril Fernández Quiroz, por orden del alcalde de ese municipio, Alfonso Sotelo Martínez.

En celulares asegurados a integrantes del grupo criminal, autoridades del estado de Morelos hallaron mensajes de WhatsApp en que los sicarios planean la ejecución e incluso reciben fotografías de la víctima sustraídas de redes sociales.

“Que ya le mandaron las fotos, que pidió el paro el presi (…) urge el paro de la vieja de Joju“, dice uno de los mensajes de teléfonos móviles asegurados a miembros del cártel de Los Rojos, al momento de sus detenciones.

“Primo, me dicen que si han visto a la síndica (de Jojutla) que si se parece un chingo a ella, más no están seguros si es y dicen que la han visto en su Tsuru gris (…) si hay luz verde para rafaguearlo y tener que asegurar que sea la señora”, anotaron los gatilleros en otro mensaje detectado el 25 de febrero a las 12:08 horas.

El plan de Los Rojos no se concretó. La síndica sigue en funciones.

Las investigaciones indican que la funcionaria municipal resultó incómoda para el Ayuntamiento y la organización criminal, toda vez que, en su labor como integrante del cabildo de Jojutla, urgió la presencia de la Policía Federal y del Ejército.

De acuerdo con autoridades del Estado, la síndica ha denunciado haber recibido amenazas mediante llamadas telefónicas con instrucciones de “no meterse donde no le corresponde”.

Una regidora, también amenazada

En otros mensajes hallados en los teléfonos, las autoridades descubrieron otro plan para atentar contra la regidora Verónica Suazo Ortiz, también de Jojutla.

El mismo diario Reforma informó el viernes cómo el líder del Cártel de Los Rojos, Santiago Mazari, financió en 2015 campañas a 11 candidatos de 8 partidos en Morelos para que, ya como alcaldes, le garantizaran impunidad. Entre los políticos financiados en esa red está el ahora Edil de Jojutla, Alfonso Sotelo.

Ayer, tras conocerse la revelación, Sotelo y el secretario municipal, Antonio Mazari, aludidos en las declaraciones de detenidos, no acudieron a laborar.

La Fiscalía del Estado señaló en un comunicado que está dando seguimiento al caso y mantiene colaboración con autoridades federales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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