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Alcalde de Tijuana no podrá insultar a migrantes

El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Baja California prohibió al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, emitir mensajes contra los migrantes para respetar sus derechos humanos y salvaguardar su seguridad.

Esta resolución se emitió en respuesta a las declaraciones que hizo Gastélum el pasado 15 de noviembre, cuando aseguró que en la caravana de migrantes había algunos “vagos y marihuanos” que agredieron a los habitantes de Tijuana.

El juez también solicitó al alcalde proporcionar a la población en general, las personas migrantes y a los servidores públicos municipales información completa y correcta sobre los derechos de los migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio.

También pidió instruir a la autoridad competente para que las detenciones que realicen a migrantes cumplan los requisitos legales y los elementos policiacos. Además, que los jueces municipales se abstengan de realizar actos que excedan sus facultades en relación con la remisión de personas migrantes al personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Migrantes centroamericanos, acusados de robo a Unidad Deportiva Benito Juárez en Tijuana. (Noticieros Televisa)
El Juzgado ordenó al secretario de Seguridad Pública municipal realizar las gestiones necesarias para que el personal a su cargo tenga información completa y veraz sobre los derechos de los migrantes y los protocolos de actuación tratándose de grupos vulnerables.

De la misma manera que el personal a su cargo se abstenga de realizar actos que excedan sus facultades en relación con la remisión de personas migrantes al personal del INM.

El juzgado aclaró que la resolución no tiene el efecto de impedir que las autoridades municipales realicen sus actividades de prevención e investigación de delitos, así como de sanción por infracciones administrativas.

En noviembre, un día después de que migrantes y residentes de Tijuana estuvieron a punto de llegar a los golpes, el alcalde panista Juan Manuel Gastélum lejos de calmar las aguas acusó a los centroamericanos de alterar el orden y de consumir drogas en la calle.

Ahora vamos a poder hablar de Tijuana antes de la migración y Tijuana después de esta migración, tenemos que hacer una consulta ciudadana, que estamos elaborando la pregunta, cuál sería la mejor, en donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos”, así es como el alcalde de Tijuana propone decidir el futuro de los migrantes de la caravana en la ciudad y culpa al gobierno federal de esta situación.

Tenemos una problemática generada por el Gobierno federal en donde, de manera indolente, permitió el cruce el gobierno federal este que se va, el actual, y el nuevo pues todavía no llega”, comentó.

Mediante redes sociales, las posturas de habitantes y organizaciones civiles de Tijuana se contraponían, mientras unos se refieren a los migrantes como ladrones, drogadictos y sucios, otros se organizan para juntar víveres, ropa y apoyos. También en redes sociales ambos grupos convocan a marchas de apoyo y rechazo a los migrantes el próximo domingo.

Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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