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Alejandro Gutiérrez, rehén político de Corral: Polevnsky

Durante la campaña electoral, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, consideró que el priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, era un preso político del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Pasadas las elecciones, fuera de la polémica de aquellos días y previo al Congreso Nacional de Morena, con el cargo de secretaria general en funciones de presidente, en entrevista con Apro, Polevnsky reiteró:

“Y sí, eso era: un rehén, un preso político”.

Detenido en diciembre pasado, Gutiérrez Gutiérrez descendiente de un clan revolucionario –nieto del general Eulalio Gutiérrez, presidente de México en 1915 y sobrino nieto del general Luis Gutiérrez, gobernador de Coahuila en 1920— era acusado de participar en un esquema de desvío de casi 250 millones de pesos del erario de Chihuahua, durante su paso como secretario general adjunto del comité nacional del PRI –donde era operador del entonces dirigente Manlio Fabio Beltrones, a cuyo grupo político pertenece- para llevar recursos a las campañas de ese partido.

En entrevista con Apro, el pasado 8 de agosto, Yeidckol Polvensky respondió a la pregunta sobre esa postura.

“Para mi no era defender a nadie, era demostrar el nivel de prepotencia de un gobernador que no respeta la división de poderes”, dijo.

Y es que, de acuerdo a Yeidckol, los dirigentes del PAN se la pasaban diciendo que su entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, no respetaba el estado de derecho ni la división de poderes, pero en mayo, una grabación exhibió al gobernador Corral dándole instrucciones a una magistrada.

“Acusaban a Andrés con falsedades y eran incapaces de aceptar la conducta de sus gobernadores en los estados”, declaró a Apro.

La referencia de la entrevistada es a una conversación telefónica, entre Adela Alicia Jiménez Carrasco y Javier Corral, donde este último le dice cómo manejar una serie de procedimientos para cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la remoción de magistrados que él intentaba sustituir y que, en declaraciones, el mandatario estatal afirmaba debía hacer los cambios pues eran juzgadores a modo colocados por el exgobernador César Duarte.

Era 23 de mayo. La dirigente morenista regresaba de una visita a Nuevo León, cuando escuchó la grabación difundida en Youtube. Al llegar a la Ciudad de México asistió el programa radiofónico de Joaquín López Dóriga, en donde estuvo el dirigente del PAN, Damián Cepeda.

– Ahí estuvo este muchachito, el del PAN…

– ¿Damián Cepeda?

– Si ese… les puse la grabación y dije, eso es no respetar la división de poderes. Entonces dijeron que estaba defendiendo al PRI. Lo que yo decía es que eso era no respetar la división de poderes, pero insistieron en que éramos el Primor.

Polevnsky siguió “con la idea de evidenciar el uso político de la justicia que hacía Javier Corral”. Se refirió a la marcha que en enero hizo el chihuahuense a la Ciudad de México para exigir 700 millones que no tramitó en tiempo y forma, acusando el gobierno de Peña Nieto de castigarlo por el caso de Alejandro Gutiérrez.

En la entrevista con Apro, abundó:

“A Corral se le barrió, no cumplió el procedimiento, pero con esa marcha o por lo que quieras, le dieron el dinero. Yo en forma de crítica, burlona y molestona les dije (en el programa de López Dóriga a los panistas): si ya le dieron el rescate, ahí tiene Corral a un rehén –yo quería decir rehén, pero no encontraba la palabra y dije preso-, tiene un preso político”.

En la entrevista con Apro, a propósito de aquella afirmación, añade:

“Pues si es así, (Alejandro Gutiérrez era) un preso político. Y además Corral fue un irresponsable, porque había llegado la orden judicial y tenía que enviar a Gutiérrez para que lo juzgaran en lo federal, pero él mandó policías estatales para hacer barricadas e impedir su traslado. Para mi no era defender a nadie, era demostrar el nivel de prepotencia de un gobernador que no respeta la división de poderes”.

Por esos días, otra polémica se desató por declaraciones de la dirigente de Morena, luego de considerar que el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, fue un buen presidente del Senado y no veía problemas en su trayectoria.

Para Polevnsky, la trayectoria y el desempeño que tuvo Cervantes como presidente de la mesa en el Senado, fue notable:

“Yo veo el Canal del Congreso y cuando veía cómo llevaba los trabajos, y como fui senadora, pensaba: qué buen presidente de mesa es este hombre, me hubiera gustado tenerlo como presidente en mi período. Y lo pensaba yo, siendo de un partido antagónico, pero con la solvencia de reconocer el trabajo de otros”.

Lo que más le molestaba, afirma, era la hipocresía de Ricardo Anaya que celebraba las reformas estructurales como ningún priista lo hacía y era defensor de Peña Nieto, pero cuando empezaron a salir las imputaciones por lavado de dinero, reivindicaba en todas partes “lo del fiscal carnal”, cuando él mismo había aprobado el procedimiento de designación del futuro Fiscal General.

Sobre los casos de Gutiérrez y de Cervantes, expone:

“Será lo que quieras, pero son muy habilidosos los panistas. Tu les señalas una falta y te salen por otro lado. Y el gobierno señalaba una falta y ellos inventaban su cajón chino”.

– Le imputan un pacto con el PRI–, se le comenta.

-Por qué íbamos a querer pactar cuando teníamos una diferencia en las preferencias electorales tan grande.

“Desde mucho antes teníamos una amplia ventaja y a esas alturas de mayo nuestras encuestas nos daban lo que vimos el 1 de julio. La diferencia era tan grande que al principio no me las creía y hasta fui prudente en comentarlas. No necesitábamos pactar. Mis declaraciones de esos días ahí están, no trataba de defender a nadie, sino de evidenciar la hipocresía de los panistas que son muy habilidosos, muy habilidosos”.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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