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México

Alertan que no hay recursos para Sistema Anticorrupción

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) corre el riesgo de morir antes de haber nacido completamente.
A casi un año de que se promulgaran las leyes que lo crearon y a tres meses de su constitución formal, el Sistema no cuenta con un solo peso de presupuesto.
«Pensando mal, a lo que están apostando con la falta de presupuesto es a nuestra muerte por inanición. No por inacción, porque nosotros nos estamos moviendo, hemos cumplido todos los plazos que marca la ley, sin herramientas.
«Entonces, la inacción no es la que nos está matando, lo que nos va a matar o corremos el riesgo de que nos mate, es la inanición», subrayó Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA.
El decreto del Presupuesto de Egresos de este año contiene un artículo transitorio que establece que la Secretaría de Hacienda está obligada a proveer los recursos humanos, materiales y financieros para la puesta en funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del SNA, sin embargo, la dependencia no ha entregado esos recursos.
Pérez de Acha informó que el Comité ya tuvo una reunión con funcionarios de Hacienda y en ella no hubo ninguna definición sobre la entrega.
«No hay señales favorables ni positivas de la Secretaría de Hacienda para cumplir con este artículo transitorio del Presupuesto de Egresos», acusó.
El próximo martes, el Órgano de Gobierno del SNA, compuesto por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, un representante del Consejo de la Judicatura y la presidenta del CPC, deberán elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva.
«Al día siguiente, el 1 de junio, va a tomar posesión el secretario técnico. Y, ¿con qué va a trabajar? Entonces, ahora los del problema no vamos a ser cinco sino seis», señaló Pérez de Acha.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción le otorgó al Comité de Participación Ciudadana un papel relevante dentro del SNA y el presidente en turno de este Comité es quien encabeza el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del SNA, en este caso, Jacqueline Peschard.
Desde su constitución hace tres meses, el CPC, integrado por cinco ciudadanos, indicó Pérez de Acha, ha tenido que trabajar sin contar con ningún tipo de apoyo presupuestario.
«Desde el 9 de febrero que nos nombraron carecemos de recursos financieros, materiales y humanos. No tenemos asistentes, no tenemos secretaria, no tenemos teléfono, no tenemos un escritorio y eso complica realmente el desahogo del trabajo.
«En muchas ocasiones nos reunimos en cafeterías, si acaso nos va bien nos reunimos en restaurantes, pero eso no es el mundo idóneo para que una institución como el Comité de Participación Ciudadana pueda trabajar, pueda desahogar pendientes y pueda dar resultados», apuntó.
El Gobierno y la clase política, acusó Pérez de Acha, han hecho una simulación de la lucha contra la corrupción, pues mientras que en el discurso aseguran estar dispuestos a enfrentar el problema y permitir el escrutinio ciudadano, en los hechos lo boicotean.
«A ver, este sistema va a jalar si hay voluntad política real de cambio, es decir, la gran interrogante va a hacer: ¿la clase política y la clase gobernante, en verdad, va a luchar contra la corrupción sí o no? Todo lo demás son pretextos», sostuvo.

Reforma

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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