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México

Alertan que no hay recursos para Sistema Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) corre el riesgo de morir antes de haber nacido completamente.
A casi un año de que se promulgaran las leyes que lo crearon y a tres meses de su constitución formal, el Sistema no cuenta con un solo peso de presupuesto.
«Pensando mal, a lo que están apostando con la falta de presupuesto es a nuestra muerte por inanición. No por inacción, porque nosotros nos estamos moviendo, hemos cumplido todos los plazos que marca la ley, sin herramientas.
«Entonces, la inacción no es la que nos está matando, lo que nos va a matar o corremos el riesgo de que nos mate, es la inanición», subrayó Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA.
El decreto del Presupuesto de Egresos de este año contiene un artículo transitorio que establece que la Secretaría de Hacienda está obligada a proveer los recursos humanos, materiales y financieros para la puesta en funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del SNA, sin embargo, la dependencia no ha entregado esos recursos.
Pérez de Acha informó que el Comité ya tuvo una reunión con funcionarios de Hacienda y en ella no hubo ninguna definición sobre la entrega.
«No hay señales favorables ni positivas de la Secretaría de Hacienda para cumplir con este artículo transitorio del Presupuesto de Egresos», acusó.
El próximo martes, el Órgano de Gobierno del SNA, compuesto por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, un representante del Consejo de la Judicatura y la presidenta del CPC, deberán elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva.
«Al día siguiente, el 1 de junio, va a tomar posesión el secretario técnico. Y, ¿con qué va a trabajar? Entonces, ahora los del problema no vamos a ser cinco sino seis», señaló Pérez de Acha.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción le otorgó al Comité de Participación Ciudadana un papel relevante dentro del SNA y el presidente en turno de este Comité es quien encabeza el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del SNA, en este caso, Jacqueline Peschard.
Desde su constitución hace tres meses, el CPC, integrado por cinco ciudadanos, indicó Pérez de Acha, ha tenido que trabajar sin contar con ningún tipo de apoyo presupuestario.
«Desde el 9 de febrero que nos nombraron carecemos de recursos financieros, materiales y humanos. No tenemos asistentes, no tenemos secretaria, no tenemos teléfono, no tenemos un escritorio y eso complica realmente el desahogo del trabajo.
«En muchas ocasiones nos reunimos en cafeterías, si acaso nos va bien nos reunimos en restaurantes, pero eso no es el mundo idóneo para que una institución como el Comité de Participación Ciudadana pueda trabajar, pueda desahogar pendientes y pueda dar resultados», apuntó.
El Gobierno y la clase política, acusó Pérez de Acha, han hecho una simulación de la lucha contra la corrupción, pues mientras que en el discurso aseguran estar dispuestos a enfrentar el problema y permitir el escrutinio ciudadano, en los hechos lo boicotean.
«A ver, este sistema va a jalar si hay voluntad política real de cambio, es decir, la gran interrogante va a hacer: ¿la clase política y la clase gobernante, en verdad, va a luchar contra la corrupción sí o no? Todo lo demás son pretextos», sostuvo.

Reforma

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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