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México

Alista SAT embargo vía buzón tributario

A partir del próximo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará facultado para notificar a través del buzón tributario sobre un proceso de embargo a los contribuyentes deudores.

La Miscelánea Fiscal 2022 contempla agregar el artículo 151 bis, mismo que establece que la autoridad fiscal, en el caso de créditos exigibles, tendrá la facultad de realizar embargos de bienes mediante este buzón.

“Para continuar con el fortalecimiento del buzón tributario como medio de comunicación primordial entre la autoridad fiscal y el contribuyente, se propone adicionar un artículo 151 Bis al Código Fiscal, a fin de facultar a la autoridad fiscal para que, tratándose de créditos exigibles, lleve a cabo el embargo de bienes que, por su naturaleza, puede ser realizado a través de ese medio”, se lee en el decreto aprobado por diputados y senadores.

Con ello, todas aquellas personas dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con obligaciones activas, pueden ser sujetas de embargo a través de correo electrónico.

Sin embargo, tras cuatro días de haber enviado el mensaje al buzón tributario se considerará que el contribuyente fue notificado, lo que a su vez genera consecuencias legales.

Los bienes que podrían ser embargados son depósitos bancarios, ahorros, inversiones en seguros, acciones, bonos, bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Para Guillermo Mendieta, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), esta medida es una herramienta más para que el fisco pueda fiscalizar y, a su vez, recaudar más ingresos.

“Es una forma más de recaudar del SAT, un tema de fiscalización mayor al que hoy ya tiene”, dijo.

Enfatizó que, después de tres días hábiles, el SAT considera notificado formalmente al contribuyente, por lo que puede proceder al embargo.

Ante ello, recomendó a los contribuyentes estar pendiente de cualquier notificación que puedan recibir del órgano fiscalizador y evitar sorpresas como congelamiento de cuentas.

México

Gerardo Ortiz se declara culpable de cantar en conciertos vinculados con un cartel de México

Gerardo Ortiz aceptó su culpabilidad por un cargo de conspiración al violar la Ley Kingpin, «la cual permite al gobierno estadounidense imponer sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos», explica Univision Noticias.

El cantante reconoció ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que cantó «en unos seis conciertos» que un promotor le organizó en México, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2018, debido a que presuntamente habría lavado dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Univision Noticias, la información se habría tenido «en secreto» por la cooperación del artista de 35 años con las autoridades en el caso de Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, quien está siendo enjuiciado en Los Ángeles también por presuntamente violar la Ley Kingpin.

La culpabilidad de Ortiz se habría revelado durante el juicio de Del Villar, quien fue su representante por algún tiempo.

¿Qué tiene que ver Gerardo Ortiz en el juicio de Ángel del Villar?

 

El juicio contra Ángel del Villar, quien fue pareja de Chiquis Rivera, comenzó el 17 de marzo y se declaró inocente de haber violado la Ley Kingpin. Univision Noticias informó que los abogados del empresario musical «están seguros de que el jurado lo absolverá de los cargos que pesan en su contra».

Según el Departamento de Justicia, las acusaciones en contra de Ángel del Villar serían porque se habría asociado con el promotor de conciertos Jesús Pérez Alvear y la empresa Gallística Diamante, los cuáles presuntamente están vinculados al Cartel de Jalisco.

Pérez Alvear, alias ‘Chucho’, fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante de la Ciudad de México.

El fiscal federal Alex Schwab señaló en la corte sobre la participación de Gerardo Ortiz en el caso y reveló que el cantante ya había aceptado su culpabilidad. Incluso, señaló que es uno de los testigos en el caso de Ángel del Villar.

Fue en mayo de 2020 cuando el FBI cateó las oficinas de Del Records para comenzar con las investigaciones del presunto vínculo con el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

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