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México

‘Alito’ Moreno prende la guerra dentro del PRI

En busca de la reelección en la presidencia tricolor, el dirigente ha unido a múltiples priistas, pero en su contra, quienes vaticinan el fin del partido.

México.-  El próximo 11 de agosto sería una fecha histórica para el PRI… por primera vez en su historia de 95 años, podrá tener un dirigente nacional por nueve años consecutivos, luego de que Alejandro Alito Moreno podrá ganar las votaciones para reelegirse por otros cuatro años.

Moreno, presidente nacional del PRI desde el 18 de agosto del 2019, y su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, se inscribieron el lunes 22 de julio ante la Comisión Nacional de Procesos Internos para estrenar la nueva disposición estatutaria que permite la elección de dirigentes nacionales hasta por tres periodos consecutivos, a fin de quedarse con el mando del partido hasta el 2028, al menos.

Sin embargo, el proceso ha sido álgido. Antes de inscribirse a la elección, “Alito” fraguó y orquestó una asamblea a modo para modificar los estatutos del tricolor y apuntalar su reelección, aunque la convocatoria y los ajustes fueron impugnados por varios expresidentes del PRI.

Por ello, tras cumplir con su registro, Moreno avisó que se está preparando el terreno para que los “traidores”, donde señaló a exdirigentes como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa y Francisco Labastida, sean expulsados de las filas del Revolucionario Institucional .

“Nunca el partido había estado tan asediado por el acoso y hostigamiento del poder como en los años que hemos encabezado nuestro instituto político. Nos encontramos siempre bajo el fuego cruzado: por un lado, nuestro partido ha recibido del gobierno la divisa de la persecución, en lugar de la del diálogo y la de la apertura.

“Por otro, hemos estado siempre expuestos a la mezquindad y traición de perfiles que han empeñado años de su trayectoria partidista, por la comodidad, la seguridad y los beneficios que les da rendirse ante el poder”, acusó.

Un día después la respuesta llegó. Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, así como Fernando Lerdo de Tejada y Aurelio Nuño, alertaron que la actitud de Moreno Cárdenas lo único que genera es un mayor descrédito ante la opinión pública.

“Estoy comprometida con la defensa del partido. Callar, sufrir, soportar, esperar a que cambie un día la situación, a que suceda el milagro, para que un día de elecciones el PRI no alcance el porcentaje mínimo y pierda el registro, no es mi papel como de esposa sufrida”, manifestó Dulce María Sauri, expresidenta del partido.

“Un dirigente que expulsa a quienes piensan distinto a él, está destinado a quedarse solo. Aquel dirigente que inhibe y castiga la diversidad de ideas, le corta las alas al partido y lo destina a desaparecer”, consideró Enrique Ochoa Reza.

Francisco Labastida, excandidato presidencial, incluso vaticinó que, si Moreno sigue de presidente, el partido morirá.

“(Si se reelige a Alito Moreno el PRI) va a morir, está podrido. Yo creo que no es bueno que el PRI se muera, pero veo casi inevitable que muera”, señaló.

Si los priistas que alguna vez lideraron el PRI decidieran antes abandonar el partido político no sería la primera vez que liderazgos importantes abandonan el tricolor por su descontento con el líder, pues en 2022 ocurrió lo mismo después de que Moreno Cárdenas modificó los estatutos para alargar su mandato hasta después de las elecciones 2024.

Entre los militantes que renunciaron estuvo Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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