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Alumnos exigen disculpa pública del gobernador de Guanajuato y del rector ante omisiones

La comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato presentó a autoridades estatales y municipales a las que convocó esta mañana del sábado un convenio con varias demandas para que les sea garantizada su seguridad, la investigación y sanción del acoso dentro y fuera del ámbito universitario y una disculpa pública del gobernador y del rector general, por las omisiones cometidas ante asesinatos y desapariciones de estudiantes en todo el estado.

Dieron un plazo para que el rector general de la UG, el gobierno del estado, el fiscal general y el alcalde de la capital den respuesta y lo acepten en un plazo de 12 horas –que vencería la noche del sábado- o, advirtieron, no levantarán el paro que mantienen desde el miércoles 4.

En orden y silencio, las y los universitarios fueron entrando al Teatro Principal en esta segunda cita con las autoridades, a la que esta vez no llegó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aparentemente por motivos de salud.

En su lugar se presentó el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, quien junto con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario del ayuntamiento de Guanajuato Héctor Corona, ingresó al recinto universitario.

Minutos después se incorporó el presidente municipal Alejandro Navarro, quien el viernes había incluso publicado una foto con su boleto de avión porque había viajado a Campeche a un encuentro de ciudades Patrimonio de la Humanidad, de la que se vio obligado a regresar luego de unas pocas horas.

Con rostros muy serios, Ayala Torres, Zamarripa, Navarro y el rector Guerrero Agripino, permanecieron por alrededor de una hora en el escenario, donde debieron tomar de una mesa una copia del convenio que les fue leído desde el público por varios alumnos, mientras toda la comunidad presente sostenía hojas en blanco frente a sí.

Como condiciones para levantar el paro universitario, se planteó el cumplimiento indispensable de algunos de los puntos del convenio: un evento oficial, solemne y público, así como a través de comunicados oficiales, con una disculpa pública por parte del gobernador y el rector general “por la omisión, en su respectiva actuación, en los casos de alumnas y alumnos asesinados y desaparecidos en el estado”.

El segundo punto considerado inapelable: “destituir y reemplazar a la Lic. Lourdes Elena Gazol Patiño, Titular del programa UGénero, quien ha permitido que se contrate personas que no están ampliamente capacitadas para la atención de la violencia de género; solicitamos que su lugar sea ocupado por una mujer que nos genere confianza y no tengamos preocupación porque nos revictimice”.

Unos minutos después de este encuentro, se conoció que Lourdes Gazol hizo pública su renuncia como titular de UGénero a partir del lunes.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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