Ocho representantes de la sociedad civil y 17 integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) manifestaron en un comunicado su preocupación ante el anuncio del actual gobierno federal de eliminar el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras.
En siete puntos, los 25 firmantes, entre los que se encuentran Juan Martín Pérez, de Red por los Derechos de la Infancia en México; Carlos Ríos Espinosa, de Human Rights Watch o María Josefina Menéndez Carbajal, de Save the Children, expusieron que lo más preocupante de la decisión anunciada es que el cuidado
infantil se asume como un asunto del ámbito doméstico y privado; y no de interés público y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia.
También alertaron que se pone en riesgo la vida, la seguridad y el adecuado desarrollo de las niñas y niños más pobres, frente a cuidados de mala calidad provistos por instituciones o personas sin adecuada capacitación, supervisión y acompañamiento.
E insistieron en que al eliminar las estancias infantiles se olvida que en el proceso de socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes la convivencia y los aprendizajes entre pares son centrales para su desarrollo integral.
Ante este panorama de vulnerabilidad para la infancia, los representantes de la sociedad civil e integrantes del Consejo Consultivo del Sipinna solicitaron que “el Estado asuma plenamente su obligación de garantizar el cuidado y adecuado desarrollo de las niñas y niños más pequeños y más pobres, y articule una política integral de primera infancia desde el enfoque de derechos y de género”.
Además, pidieron que se diseñen alternativas que aseguren las opciones de cuidado infantil para todas las familias; incluidas aquéllas sin seguridad social, y que se analice la evidencia sobre los efectos que tienen el cuidado de los abuelos, y principalmente de las abuelas, en el desarrollo de las niñas y los niños.
Por último, refirieron el artículo tercero de la Convención Sobre los Derechos del Niño/Niña: “todas las medidas concernientes a los niños/niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño/niña”.
Javier Duarte podría quedar libre en los siguientes días
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha sido absuelto del cargo de desaparición forzada durante una audiencia virtual, lo que abre la puerta a que el político priísta pueda salir libre.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo este viernes desde Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, Duarte consiguió el sobreseimiento del proceso penal en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, por lo que ya no podrá ser juzgado por dicho crimen.
Javier “N” permanece detenido en elReclusorio Norte, ubicado en la CDMX, donde desde el año 2017 lleva su proceso tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, Sin embargo, en el año 2022 un juez de control de Pacho Viejo dictó prisión preventiva contra el ex funcionario por el delito de desaparición forzada del policía David Lara Cruz.
Dicho elemento policiaco acudió a una evaluación de Control de Confianza en la academia de policía en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Días después, David Lara fue encontrado muerto en la Barranca de La Aurora, donde se encontraron restos humanos.
Por ello, la Fiscalía del estado acusó a Duarte de ocultar la existencia de más víctimas, las cuales de 22 posibles personas en la fosa, se terminó reduciendo a sólo seis. Tras el resultado de la audiencia, estas acusaciones quedaron sin efecto.
¿Por qué Duarte podría quedar libre?
Luego de su captura en 2017, Javier Duarte fue acusado por el desvió de más de 3 mil millones de pesos durante su gestión en Veracruz y en 2019 fue sentenciado por un juez federal a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El cómputo de la sentencia contra Duarte empezó a correr desde 2017 y aunque su condena termina en 2026, el ex gobernador tiene la posibilidad de salir antes de prisión bajo el criterio de buen comportamiento y con el sobreseimiento del caso de desaparición forzada, que generó en su momento fuertes movilizaciones por parte de colectivos de familias de desaparecidos que exigían un castigo ejemplar para el ex gobernador.
Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no se ha pronunciado al respecto del fallo judicial favorable para con Duarte.
Cabe recordar que Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 al 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año 2017 luego de seis meses de haberse dado a la fuga durante la investigación en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.