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Amagan con ruptura 10 gobernadores a AMLO

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Ante el recorte al gasto federalizado para 2021, la eliminación de los fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales para enfrentar la pandemia de Covid-19, los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y municipios “se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”.

En eventos simultáneos en los 10 estados que integran este bloque de gobiernos, los mandatarios reprocharon la falta de diálogo. Después, en un pronunciamiento conjunto, establecieron: “Nuestros posicionamientos son para establecer un diálogo que nos permita construir acuerdos con el gobierno de la República, pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte”.

“Como estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece. Es momento de alzar la voz ante los atropellos cotidianos de una exacerbada visión centralista que borra las agendas locales. Pedimos al gobierno central que se ponga en nuestros zapatos y que otorgue con equidad y justicia lo que por derecho nos corresponde a estados y ciudadanía”.

En cada evento de “cierre de filas” con los sectores sociales, económicos y políticos de sus respectivas entidades, los gobernadores coincidieron en lanzar un mensaje: “Estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario”.

Advirtieron que las restricciones de recursos públicos repercuten a un sinnúmero de sectores de la sociedad, “los cuales se verán afectados por la falta de rumbo en la dirección del país”.

“Este es un llamado a la reflexión. Es momento de olvidarnos de filias y fobias, pues no se trata de confrontarnos; tampoco nos atañe un tema electoral, pues la pluralidad de nuestra Alianza nos exime de colores y partidos. Tiempos extraordinarios como los que vivimos requieren decisiones prudentes y responsables, no decisiones arbitrarias.

“Es hora de respetar el espíritu republicano, federalista y democrático y replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reconsiderar la extinción de los 109 fideicomisos y ponderar un cambio de ruta en la estrategia federal contra la pandemia por Covid-19. En necesario establecer un diálogo efectivo y una empatía real. De no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno central y los estados y municipios se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”, dijeron.

Con información de EL Universal

Acontecer

Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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