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Amagan con ruptura 10 gobernadores a AMLO

Ante el recorte al gasto federalizado para 2021, la eliminación de los fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales para enfrentar la pandemia de Covid-19, los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y municipios “se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”.

En eventos simultáneos en los 10 estados que integran este bloque de gobiernos, los mandatarios reprocharon la falta de diálogo. Después, en un pronunciamiento conjunto, establecieron: “Nuestros posicionamientos son para establecer un diálogo que nos permita construir acuerdos con el gobierno de la República, pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte”.

“Como estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece. Es momento de alzar la voz ante los atropellos cotidianos de una exacerbada visión centralista que borra las agendas locales. Pedimos al gobierno central que se ponga en nuestros zapatos y que otorgue con equidad y justicia lo que por derecho nos corresponde a estados y ciudadanía”.

En cada evento de “cierre de filas” con los sectores sociales, económicos y políticos de sus respectivas entidades, los gobernadores coincidieron en lanzar un mensaje: “Estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario”.

Advirtieron que las restricciones de recursos públicos repercuten a un sinnúmero de sectores de la sociedad, “los cuales se verán afectados por la falta de rumbo en la dirección del país”.

“Este es un llamado a la reflexión. Es momento de olvidarnos de filias y fobias, pues no se trata de confrontarnos; tampoco nos atañe un tema electoral, pues la pluralidad de nuestra Alianza nos exime de colores y partidos. Tiempos extraordinarios como los que vivimos requieren decisiones prudentes y responsables, no decisiones arbitrarias.

“Es hora de respetar el espíritu republicano, federalista y democrático y replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reconsiderar la extinción de los 109 fideicomisos y ponderar un cambio de ruta en la estrategia federal contra la pandemia por Covid-19. En necesario establecer un diálogo efectivo y una empatía real. De no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno central y los estados y municipios se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”, dijeron.

Con información de EL Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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