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Amazon en “cartolandia”: la nueva planta de Jeff Bezos en la zona más pobre de Tijuana

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La colonia Nueva Esperanza, ubicada en el este de Tijuana, se encuentra en el número uno en cuanto a delincuencia en la entidad. Además, es considerada una de las colonias denominadas “cartolandia” término que surge a partir de los materiales que migrantes y personas de escasos recursos recuperan de los desechos para construir sus viviendas; mismas que más bien son pequeños cuartos establecidos en medio de un basural. Es ahí en donde Amazon instaló recientemente su nueva planta de operaciones, y pavimentó únicamente la calle que dirige hacia la entrada de las instalaciones.

En el área conocida como el Cañón del Padre, que no aparece en los mapas, es donde está la colonia Nueva Esperanza, a tan solo veinte minutos aproximadamente de la frontera con Estados Unidos. Hace tres semanas, el fotoperiodista Omar Martínez hizo viral una fotografía que denota el contraste entre la trasnacional, propiedad del hombre más rico del mundo, y el sitio en donde habitan quienes apenas poseen recursos para subsistir.

Se estima que las maquilas que rodean dicha zona pagan 213 pesos al día a quienes trabajan como obreros, por lo que se ha llegado a la suposición de que dichas condiciones fueron las que atrajeron a la trasnacional a establecer su nueva planta ahí: la diferencia salarial entre México y Estados Unidos. En California el salario se ubica en 15 dólares por hora y en el caso de los almacenes de Amazon ubicados en dicho lugar, se pagan 19 dólares la hora en la sección de selección, empacado y envío de pedidos.

El fotoperiodista hizo viral la fotografía que denota el contraste.El fotoperiodista hizo viral la fotografía que denota el contraste.

En este contexto, cabe señalar lo que en su momento el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); donde consideró que los bajos salarios en México se podían tomar como una especie de “subsidio” que atraería a las empresas norteamericanas, principalmente aquellas de ensamblaje e industriales, dejando en desventaja a los trabajadores mexicanos.

Amazon por su parte, declaró que gracias a la instalación de su planta, se habían creado 250 nuevos empleos en Tijuana “creando oportunidades con salarios competitivos y prestaciones para todos nuestros empleados”. Y un portavoz de la empresa aseguró que los sueldos fortalecen y benefician a las comunidades locales, así como su inversión ayuda a las áreas a crecer.

Donald Trump consideró los salarios bajos en México como un "subsidio" que atraería a empresas norteamericanas.

REUTERS/Dustin Chambers     TPX IMAGES OF THE DAYDonald Trump consideró los salarios bajos en México como un «subsidio» que atraería a empresas norteamericanas. REUTERS/Dustin Chambers TPX IMAGES OF THE DAY

En otro sentido, el gobierno de la entidad también señaló que la instalación de la trasnacional “contribuye a la recuperación económica y da constancia del equilibrio financiero en el que se encuentra el ayuntamiento”. En días previos, la alcaldesa Patricia Ruiz habría realizado comentarios despectivos hacia dichos asentamientos, productos de la desigualdad social: “Yo creo que es bien fácil invadir en Tijuana porque no hay consecuencias. Si tú invades no vas a la cárcel”.

Las personas que habitan en dicha zona no suelen salir por las tardes, por los altos índices de delincuencia y drogadicción que envuelven a la comunidad que habita en tal asentamiento. Y aunque Amazon no es la única empresa que ha instalado una planta en la zona, pues también se encuentran Norma Group, Sanko, Safariland, Tecma, Npa de México, Jabil, XB Fullfilment y Avantti Medi Clear, entre otros; sí es la única que colinda con la colonia Nueva Esperanza.

El temor de los habitantes que se ha sumado a su cotidianidad a partir del asentamiento de la planta de Amazon es el ser desalojados por dar una “mala imagen” a una de las cuatro empresas más grandes del mundo.

México

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal y seguirá recluido en el Altiplano

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La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos que la juzgadora consideró suficientes para avanzar con el proceso; lo que todavía no está determinado es su culpabilidad ni una posible sentencia.

La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones del Poder Judicial de la Federación anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia fue encabezada por Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de esa localidad.

¿Qué significa que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso?

La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos que permiten considerar, en esta etapa inicial, que pudo haberse cometido un delito y que existe una probabilidad de participación de las personas imputadas.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar esta resolución debe haberse formulado la imputación, otorgado al acusado la posibilidad de declarar y presentado datos sobre un hecho señalado como delito. También se requiere que no exista una causa que extinga la acción penal o excluya el delito.

La decisión no determina que Ruffo o los demás acusados sean responsables. Los datos utilizados para vincularlos tampoco pueden convertirse automáticamente en las pruebas de una sentencia. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación, mientras las defensas podrán presentar documentos, peritajes y testimonios para controvertirla.

¿Cómo habría operado la red de huachicol ferroviario?

La FEMDO sostiene que Ruffo y sus coacusados habrían diseñado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas. El objetivo habría sido introducir ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.

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