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Amenaza deducción parcial avalada por la Corte las prestaciones de trabajadores

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la deducción parcial de las prestaciones laborales, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pone en riesgo la viabilidad de estos beneficios para los trabajadores, por el alto impacto económico que ha significado para los empleadores del país.

En conferencia de prensa dijo que los empresarios de Coparmex “estamos en desacuerdo con esta resolución de los Ministros, que avala que no sean deducibles el 47 o 53 por ciento de dichas prestaciones. Somos respetuosos de las instituciones y el Estado de Derecho y acataremos la resolución, sin embargo manifestamos nuestro desacuerdo con la misma”, señaló de Hoyos Walther.

Detalló que en esta circunstancia los más afectados son los propios trabajadores, dado que disminuye la posibilidad de otorgar prestaciones adicionales a las previstas en ley, “pues se obliga a disminuirlas o no ofrecerlas a nuevos trabajadores, para compensar los efectos económicos que conlleva el actual tope a la deducibilidad”.

De Hoyos Walther precisó que las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigentes a partir del 1 de enero de 2014, han significado para los empleadores que soportan el trabajo formal del país, un aumento en el costo de la nómina que oscila entre el 5 y el 8 por ciento.

El representante patronal hizo un llamado urgente a los legisladores para que en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos 2017 en el actual período de sesiones, se aprueben cambios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que reconozcan la deducibilidad plena de prestaciones.

“No es posible que en estos momentos difíciles para nuestra economía, se preserven prestaciones de altos funcionarios del sector público e incluso de legisladores, jueces y ministros, con planes benévolos de retiro y seguros, mientras se aplica la restricción fiscal para que los trabajadores reciban prestaciones”.

“Vamos a buscar a los representantes de los trabajadores para que juntos logremos que todo mexicano que tiene un empleo formal reciba prestaciones legítimas y deducibles en beneficio de todos, los trabajadores y empresas, que son los que sostienen el empleo formal de este país”, finalizó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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