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AMLO advierte a los amparados por el salario: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que funcionarios de los poderes Judicial y Legislativo tuvieron salarios de hasta 600 mil pesos, y usó su frase: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Esto en respuesta a los amparos que miles de servidores públicos están promoviendo para no acatar la baja de salarios que él propuso.

En su conferencia mañanera, también anunció la terna que enviará al Senado para cubrir el lugar del Ministro José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Son Loretta Ortíz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara.

También el Presidente defendió los cambios propuestos y realizados en política económica. “¿Por qué vamos continuar con una política fracasada? ¿Sólo porque beneficia a una minoría?”, dijo.

SOBRE LOS AMPAROS POR LOS SUELDOS: López Obrador destacó que esperarán a que se decida en torno a los amparos interpuestos contra la política de austeridad. Sin embargo, adelantó que ellos no pueden modificar los presupuestos de los poderes autónomos como el Legislativo, que eso sólo lo podrá hacer la Cámara de Diputados. “Hay que esperar el resultado legal. Yo les explico en término generales cuál es el procedimiento en cuanto a la designación del presupuesto: nosotros elaboramos el presupuesto del Gobierno federal y recibimos las propuestas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, incluso también de otros organismos autónomos; nosotros por ley tenemos que enviar así a la Cámara de Diputados el presupuesto”, explicó.

Cuestionado también sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Presidente expresó con humor: “Pues se quieren seguir rayando”. Luego agregó que están en su derecho, y que la instancia correspondiente resuelva.

El Presidente dijo que él ganará entre 108 mil y 110 mil pesos mensuales y que ese es el tope salarial. “Esa es la inconformidad que existe, porque hay muchos funcionarios que estaban hasta dos o tres veces arriba de este tope; aclaro que no sólo sueldo, porque además habían compensaciones, bonos y otros prebendas, que en conjunto llegaban a significar sueldos de 500 o 600 mil pesos mensuales”, indicó. “Eso es lo que se está corrigiendo en el marco de la Ley. Yo voy a ser respetuoso de lo que se decida. Pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, reiteró.

SOBRE SU TERNA PARA MINISTRO: “Está vacante el lugar del Ministro Cossío y por Ley, de conformidad con la Constitución, es una facultad del titular del Ejecutivo presentar una terna al Senado. Les doy a conocer los nombres: la abogada Loretta Ortíz, la licenciada Celia Maya García, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia; y el tercer abogado propuesto es el licenciado Juan Luis González Alcántara, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”, anunció López Obrador.

“Son los propuestos, es la terna que se va a enviar el día de hoy”, agregó esta mañana de jueves.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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