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México

AMLO advierte a Texas que no aceptará deportaciones por ley migratoria

El mandatario calificó dicha ley de ser una medida draconiana y anticristiana, ya que, dijo, incluso viola la Biblia.

Ciudad de México. –  El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avisó este miércoles que su Gobierno no aceptará a migrantes deportados por el Gobierno de Texas si entra en vigor la «ley draconiana» SB4, que el martes estuvo vigente por unas horas en medio de fallos judiciales divergentes.

«Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del Gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados», manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante se refirió a la ley SB4, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, que convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones.

Su aplicación desató caos este martes, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió primero aplicar la ley antes de escuchar argumentos de fondo, pero en la noche el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México | 

Aunque López Obrador dijo no querer «adelantar» lo que haría el Gobierno de México si al final se aplica la legislación, se pronunció en contra.

«Desde luego, estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria, a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia», comentó.

«Y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y, desde luego, del amor al prójimo. Son algunas autoridades muy hipócritas, toman protesta con la Biblia, además es violatoria del derecho internacional», agregó.

Las tensiones entre México y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han crecido desde el año pasado ante las crecientes medidas antiinmigrantes del estado fronterizo, como las boyas y el cerco de alambre de navajas que colocó en el río Bravo (o Grande) para disuadir a migrantes de cruzar.

Apenas el 20 de febrero pasado, López Obrador tachó de «politiquería» el campamento militar que Abbott ordenó construir junto al río.

El mandatario ha adjudicado los actos de Texas a que este año coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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