El mandatario calificó dicha ley de ser una medida draconiana y anticristiana, ya que, dijo, incluso viola la Biblia.
Ciudad de México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avisó este miércoles que su Gobierno no aceptará a migrantes deportados por el Gobierno de Texas si entra en vigor la «ley draconiana» SB4, que el martes estuvo vigente por unas horas en medio de fallos judiciales divergentes.
«Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del Gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados», manifestó el mandatario en su conferencia matutina.
El gobernante se refirió a la ley SB4, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, que convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones.
Su aplicación desató caos este martes, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió primero aplicar la ley antes de escuchar argumentos de fondo, pero en la noche el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México |
Aunque López Obrador dijo no querer «adelantar» lo que haría el Gobierno de México si al final se aplica la legislación, se pronunció en contra.
«Desde luego, estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria, a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia», comentó.
«Y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y, desde luego, del amor al prójimo. Son algunas autoridades muy hipócritas, toman protesta con la Biblia, además es violatoria del derecho internacional», agregó.
Las tensiones entre México y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han crecido desde el año pasado ante las crecientes medidas antiinmigrantes del estado fronterizo, como las boyas y el cerco de alambre de navajas que colocó en el río Bravo (o Grande) para disuadir a migrantes de cruzar.
Apenas el 20 de febrero pasado, López Obrador tachó de «politiquería» el campamento militar que Abbott ordenó construir junto al río.
El mandatario ha adjudicado los actos de Texas a que este año coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos.
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.